La nueva Ley de FP: oportunidades y riesgos

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En breve se aprobará una nueva ley de FP que intentará subsanar algunos problemas estructurales y responder a las necesidades de un mercado laboral cambiante y complejo. Educaweb lanza un nuevo monográfico donde analiza sus posibilidades y limitaciones para superar con éxito los desafíos locales y globales.

  • 29/09/2021

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Eva Jiménez Gómez. Redacción de Educaweb
Contenido

La integración de la FP educativa y la FP para el empleo
Una oferta de formación profesional flexible y progresiva
Más prácticas con una nueva Formación Profesional Dual
El derecho a una orientación profesional personalizada a lo largo de la vida
Otros retos pendientes en el proyecto de la nueva Ley de FP
¿Sabías que…?
 
 
 
El pasado 7 de septiembre, el Consejo de Ministros remitió a las Cortes el Proyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, por lo que está previsto que el texto inicie el trámite parlamentario en breve. Esta norma supone la culminación legal de un proceso que se inició en 2018, a partir del cual se ha elaborado un Plan de Modernización de la Formación Profesional, aprobado en julio de 2020 y dotado con 1.500 millones de euros; y se ha buscado el consenso del mayor número posible de personas y entidades, que ha ganado visibilidad con la firma de la Alianza por la FP por parte de más de 60 colaboradores en mayo de este año, Educaweb entre ellos.
 
¿Y por qué es necesario promulgar una ley sobre FP en este momento? La secretaria general de Formación Profesional del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP), Clara Sanz, aporta algunos argumentos en la entrevista realizada por Educaweb para este monográfico. En primer lugar, porque la ley vigente data de 2002 (Ley Orgánica 5/2002) y se dirige a "una realidad que poco tiene que ver con la actual".
 
Actualmente, el 35% de la población activa española posee una cualificación baja; y un 25%, intermedia. Sin embargo, está previsto que en 2025 un 50% de los trabajos requerirá una cualificación media, esto es, titulados de grado medio y grado superior de Formación Profesional, según el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop). 
 
Esta necesidad de las empresas contrasta con las elecciones formativas de los estudiantes. Sólo el 12% de los jóvenes españoles está matriculado en Formación Profesional, frente al 25% de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el 29% de los estados de la Unión Europea.
 
España tampoco se encuentra bien posicionada en otros indicadores formativos. El 46% de la población activa carece de una acreditación profesionalizadora, según la Encuesta de Población Activa, algo que resta valor añadido a las empresas y empleabilidad a los trabajadores.
 
Y tampoco somos un país que invierta en formación, a pesar de que la OCDE ha advertido que la necesidad de formación a lo largo de la vida es más urgente tras el COVID-19. Según el Foro Económico Mundial, España dedica unas 17 horas al año por persona trabajadora, frente a las 50 horas de Alemania.
 
Para la secretaria general de Formación Profesional, Clara Sanz, existen además tres factores fundamentales que explican la necesidad de aprobar una nueva ley sobre FP: el "análisis certero" de los retos y problemas estructurales; un plan de actuación, en referencia al Plan de Modernización mencionado; y la inversión económica necesaria. En definitiva, Clara Sanz concluye: "Todos los agentes implicados en el ámbito de la Formación Profesional coincidimos en la necesidad de una nueva norma que fortalezca un modelo al servicio de las personas".
 
Ahora bien, ¿están todos de acuerdo en cómo se ha de llevar a cabo? A continuación, te explicamos algunas de las novedades más importantes de la futura Ley, sus puntos fuertes y algunas cuestiones que preocupan a ciertos sectores implicados en el cambio, como el profesorado, los centros de formación y las empresas.
 

La integración de la FP educativa y la FP para el empleo

 
El objeto y finalidad del Proyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional consiste en "la constitución y ordenación de un sistema único de formación profesional que regule un régimen de formación y acompañamiento profesionales" (artículo 1.1). Hasta ahora, el sistema educativo de la Formación Profesional y el sistema de la FP para el empleo funcionaban por separado, dependientes incluso de ministerios diferentes. Con el nuevo modelo, estos sistemas se ordenan e integran para que todas las personas, estudiantes y trabajadores (empleados o desempleados), puedan acceder más fácilmente a la formación a lo largo de toda la vida, independientemente de su edad, situación, formación previa, etc. 
 
La secretaria general de FP, Clara Sanz, aclara que la integración de los dos sistemas no supone una mera coordinación, sino la integración definitiva, lo que califica de "paso de gigante". Ahora bien, este salto conlleva numerosos cambios, algunos de los cuales pueden pasarse por alto. Así lo advierte Mónica Sánchez, profesora titular de la Universidad de Málaga y miembro del grupo de investigación sobre Políticas y Reformas Educativas en entrevista concedida a Educaweb, cuando sostiene que "el gran reto de integrar los dos sistemas de FP puede ser también una de las mayores dificultades si no se alcanza la necesaria coordinación entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Ministerio de Educación y Formación Profesional, sobre todo en la planificación de la oferta formativa". 
 
El presidente de la Asociación Estatal de Grandes Empresas de Formación (AEGEF) Juan Antonio Sánchez Corchero, también apunta algo similar cuando se refiere a la creación de los instrumentos de gestión del sistema o registros oficiales, cuando indica que no ve claro que, si se apuesta por un modelo integrador, existan dos registros de entidades (el Registro estatal de centros docentes no universitarios y el Registro central de entidades y centros autorizados de formación profesional). Además, recuerda que existe un tercer registro que depende del Servicio de Empleo Público Estatal y el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Por ello, propone la creación de un único Registro Central de entidades y centros autorizados y "especificar que los centros homologados por la autoridad laboral pasarían de manera automática a formar parte de ese registro, sin necesidad de acudir a una nueva acreditación u homologación".
 
El vicepresidente de Educación de la Asociación Red de Profesorado de Formación Profesional (Red PT-FP), Juan Carlos Bondía, tampoco ve con buenos ojos que el profesorado de FP se halle adscrito a varios cuerpos diferentes. "Y ahora el anteproyecto de futura Ley de FP plantea la creación de un nuevo cuerpo cuyo nombre de por sí desincentiva a posibles candidatos y cuya finalidad no es otra que la de crear una brecha más clara y profunda entre los profesores de FP", sostiene. Por todo ello, propone que el profesorado de FP se halle adscrito a un único cuerpo docente que podría llamarse "Cuerpo de Profesores de Formación Profesional, y que no podrá ser discriminado laboral ni salarialmente bajo ningún concepto", entre otras medidas.
 

Una oferta de formación profesional flexible y progresiva

 
Con el fin de que todo el mundo pueda lograr una formación académica y profesional acumulable y certificable que permita mantener la empleabilidad a lo largo de toda la vida, la nueva norma establece itinerarios formativos para avanzar de manera progresiva, en función de las circunstancias de cada persona:
 
  • Grado A. Acreditación parcial de competencias (también llamadas "microformaciones")
  • Grado B. Certificado de Competencia Profesional
  • Grado C. Certificado Profesional
  • Grado D. Ciclos formativos (Grado Básico, Grado Medio y Grado Superior)
  • Grado E. Cursos de especialización (título de especialista y Máster Profesional). 
 
La experiencia formativa de cada persona estaría disponible en el Registro Estatal de Formación Profesional, que expediría informes de "vida formativa-profesional" a petición ciudadana.
 
Todos los grados son igualmente interesantes, pues cada uno de ellos da respuesta  a las necesidades de cada persona y del mercado laboral. Sin embargo, el presidente de la AEGEF considera que en la norma existe "un predominio de la información relacionada o alineada con las titulaciones gestionadas tradicionalmente en el ámbito de la educación", en detrimento de las gestionadas en el ámbito del empleo, que se manifiesta en "una escasa concreción de los detalles y alcance de dichas tipologías (y en particular de la C, certificados de profesionalidad), así como en la exclusión de la terminología de estos en el propio texto".

 

Más prácticas con una nueva Formación Profesional Dual

 
Otro de los puntos más comentados de la nueva norma es su intención de que los grados C (certificados de profesionalidad), D (ciclos formativos) y E (cursos de especialización) posean carácter dual, con el fin de que los estudiantes puedan tener más contacto con las empresas y más experiencia. Así, en el anteproyecto se define la FP Dual como "la formación profesional que se realiza armonizando los procesos de enseñanza y aprendizaje entre el centro y la empresa u organismo equiparado, en corresponsabilidad entre ambos agentes" (art. 2.17). El texto también califica de "novedad radical" el establecimiento de dos regímenes duales, que son los siguientes:
 
  • Formación Profesional Dual General. Requiere una estancia en la empresa de entre el 25% y el 35% de la duración total de la formación, y el compromiso de la empresa de asumir hasta un 20% de los resultados de aprendizaje del currículo. Se distribuirá a lo largo de todos los cursos y no tendrá carácter laboral.
 
  • Formación Profesional Dual Avanzada o en Alternancia. La estancia en la empresa deberá ocupar entre el 35% y el 50% de la duración de la formación, y estos asumen también el 40% de los resultados de aprendizaje. Aquí se establece una relación contractual para el tiempo de estancia en la empresa.
 
Para facilitar la "corresponsabilidad" del centro de formación y la empresa, la nueva ley contempla la creación de las figuras del tutor o tutora dual del centro (art. 60) y de la empresa u organismo equiparado (art. 61).
 
Nadie pone en duda la importancia de la experiencia a la hora de formarse para ejercer una profesión, pero sí que se han anticipado algunas dificultades para poner en práctica el sistema dual. Es el caso de Antonio Dueñas, profesor de Ciclos Formativos de la familia de Informática y Comunicaciones, quien cree que las pequeñas y medianas empresas, las que predominan en el país, no lo tendrán fácil para encontrar "personal trabajador-formador". Y viceversa, los centros de formación tampoco poseen "Departamentos Escuela-Empresa" con recursos para gestionar los temas administrativos y educativos, como sí ocurre en las universidades.
 
Por todo ello, Dueñas propone la creación de "un foro de diálogo entre los centros de FP y las empresas para que las expectativas de ambos estén equilibradas" e invita a todas las partes a percibir el cambio como oportunidad. Los centros contarán con materiales y tecnologías de las empresas y de los que muchas veces no disponen; y las empresas contarán con estudiantes con las bases necesarias para que puedan asimilar conocimientos y adaptarse al cambio de manera rápida. Y una reflexión más general sobre la filosofía que podría subyacer en la normativa: "No sólo se ha de trabajar en empresas; también es necesario que los estudiantes creen empresas, startups e innoven. No ha de ser algo exclusivamente de los universitarios".
 
Luis García Domínguez, presidente de la Asociación de Centros de Formación Profesional FPEmpresa, también considera que el "reto organizativo y logístico" que implica la FP Dual requerirá de más recursos, y propone superarlo "asignando un mayor número de horas al profesorado de FCT (Formación en Centros de Trabajo) o dando apoyo a las empresas con respecto al alumnado que realiza las prácticas".
 
Desde la entidad que preside, también consideran "imprescindible" el establecimiento de ratios más bajas para los ciclos formativos: máximo 25 estudiantes en Grado Superior, 20 en Grado Medio y 15 en Grado Básico.
 
Por otro lado, el vicepresidente de Educación de la Red PT-FP apunta la necesidad de "crear mecanismos que controlen y adviertan de los abusos que se puedan realizar mediante los convenios con empresas y activar bonificaciones para que sea más beneficioso para la empresa contratar una vez finalizado el convenio con el centro educativo que no hacerlo (muchas empresas solo realizan convenios y no contratan nunca)".
 

El derecho a una orientación profesional personalizada a lo largo de la vida

 
Una de las novedades de la nueva normativa es la inclusión de un capítulo dedicado exclusivamente a la orientación profesional, entendida como "el proceso de información y acompañamiento en la planificación personal del itinerario formativo y profesional en el marco del sistema de formación profesional, que incluye, al menos, los siguientes ámbitos: posibilidades de formación profesional, elección de una profesión, perfeccionamiento, cambio de profesión, evolución del mercado laboral y oportunidades de emprendimiento" (artículo 2.15).
 
El redactado deja muy claro que "toda persona tendrá derecho a una orientación flexible y gratuita, que se adapte a sus necesidades específicas e incluya la acreditación de competencias profesionales adquiridas en la experiencia laboral" (art. 96.1), y que esta deberá ser garantizada por las administraciones, a través de los profesionales que presten dichos servicios.
 
La secretaria general de FP y miembro del jurado de los Premios Educaweb de Orientación Académica y Profesional, Clara Sanz, ha reconocido que "la orientación profesional es una de las grandes olvidadas en nuestro país", y pone su esperanza en la figura del orientador/a, "crucial en el éxito formativo y profesional de los ciudadanos".
 
Para el presidente de Asociación Estatal de Grandes Empresas de Formación, es muy importante que la orientación laboral haga de puente entre el mundo educativo y laboral, ya que esta "puede y debe servir para ajustar la oferta formativa y las actividades de las políticas de empleo a las personas".
 
Por otro lado, el profesorado de los módulos de Formación y Orientación Laboral, y Empresa e Iniciativa Emprendedora, ha mostrado sus dudas acerca del peso que tendrá dichas materias en los ciclos de FP. Así lo manifestó Francisco Javier Cano, presidente de la Asociación Nacional de Profesorado de Formación y Orientación Laboral de Formación Profesional (ANPROFOL), durante su comparecencia ante la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso de los Diputados. Al respecto, Cano abogó por que esas asignaturas tengan carácter troncal y más carga horaria, ya que "aportan una formación holística, crítica y reflexiva, imprescindibles para lograr un desarrollo humano sostenible".
 
Por su parte, el vicepresidente de la Asociación Red de Profesorado de Formación Profesional, Juan Carlos Bondía, vincula la orientación con la erradicación del abandono escolar. Y señala algunos desafíos pendientes, como la falta de coordinación institucional, la atención a las personas con necesidades educativas especiales o la falta de acompañamiento individual por parte de las administraciones. ¿La solución? "Aumentar el número de profesionales en Psicopedagogía, orientadores, etc.", entre otras.  
 

Otros retos pendientes en el proyecto de la nueva Ley de FP

 
Las personas que han participado en este monográfico y otras muchas que han comparecido en la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso de los Diputados a finales de junio y principios de julio de este año han apuntado otros retos a los que habrá que prestar atención para que se cumplan los objetivos manifestados en la inminente ley orgánica de FP. 
 
Una cuestión que sale a relucir con frecuencia cuando se quiere aprobar una ley es la necesidad de contar con recursos económicos suficientes para implementarla. En la entrevista concedida a Educaweb, Clara Sanz explica que la futura ley cuenta con una "financiación histórica" de casi 5.500 millones de euros. Además, recuerda, el Plan de Modernización de la FP contaba con 2.200 millones más. "Sólo para la financiación de plazas de Formación Profesional adicionales, hemos distribuido a las comunidades autónomas casi 300 millones de euros en los cursos 2020-2021 y 2021-2022", añade.
 
La ausencia de suficientes plazas públicas de Formación Profesional, sobre todo en Madrid y Catalunya, ha sido precisamente uno de los problemas que han emergido antes incluso de aprobar la nueva ley, en lo que el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha calificado de "problema estructural" que requiere de "un incremento notable del número de grupos y de los cupos de profesorado para incrementar la oferta".
 
De hecho, algunos de los participantes en este monográfico también han puesto en evidencia la falta de profesorado de FP. Silvia Robador, directora del Instituto Nebrija de Formación Profesional, reconoce que los centros tienen dificultades para encontrar profesionales que cumplan los requisitos que se establecen para ejercer como docente.
 
Y, al hilo de la cuestión, Robador enlaza con un tema planteado de alguna forma por el vicepresidente de la Red PT-FP, pues "no tiene sentido que un profesional pueda impartir formación universitaria o pueda impartir un certificado de profesionalidad convalidable con FP y no pueda impartir un ciclo formativo". Robador recuerda que la ley permite de manera excepcional autorizar a profesionales para impartir formación para cubrir las necesidades docentes y se mantiene prudente, a la espera de conocer que "qué condiciones se establecen en el desarrollo normativo para que se produzca dicha autorización".
 
Otro asunto que también preocupa es que la ley, que apuesta por la innovación en su Título VIII, establezca que para impartir docencia en la modalidad virtual sea necesario contar con "grupos en funcionamiento en modalidad presencial de las mismas especialidades o familias profesionales" (art. 68.4). Tanto Silvia Robador como el presidente de AEGEF manifiestan su disconformidad, alegando que los últimos años han servido para demostrar que existen centros competitivos, consolidados y preparados para hacer frente a la formación en cualquier modalidad. Al respecto, el presidente de AEGEF, Juan Antonio Sánchez Corchero, añade: "El hecho de contar con aulas o espacios presenciales acreditados no capacita a ninguna entidad para hacer una buena formación en modalidades virtuales".
 
La recta final de la tramitación parlamentaria y el futuro desarrollo normativo de la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional permitirán aclarar estas y otras cuestiones que han salido a relucir en este monográfico sobre el anteproyecto y que te invitamos a seguir leyendo.  
 
 

¿Sabías que…?

       
 
 
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