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Los desafíos de la nueva ley para los centros educativos de FP

Artículo de opinión

  • 29/09/2021

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Luis García Domínguez. Presidente de la Asociación de Centros de Formación Profesional FPEmpresa
Desde la Asociación de Centros de Formación Profesional FPEmpresa, aprobamos que se haya recogido en una Ley Orgánica la demanda que los centros de formación veníamos realizando desde hace años y a través de la que reclamábamos la actualización del sistema de Formación Profesional.
 
Desde FPEmpresa, valoramos positivamente que se quieran abordar cuestiones como: la integración de la Formación Profesional del Sistema Educativo y la del Empleo; la acreditación de la formación por otras vías, incluyendo la propia experiencia profesional; el registro estatal de formación; y la conexión de la Formación Profesional con el resto de etapas del sistema educativo, así como con el sistema productivo. De especial relevancia es el que se aborde la regulación a nivel estatal de los diferentes modelos de FP Dual y que se reconozca la gran importancia de desarrollar un sistema de orientación profesional integrador y personalizado.
 
Desde hace unos años, el cambio social, económico, tecnológico, productivo o ambiental han hecho necesaria la adecuación de la ordenación de la FP para así poder respuesta a los retos a los que se enfrenta nuestra sociedad. Ahora, con la creación de esta nueva Ley de Formación Profesional, son los centros de FP los que recogen el testigo y se enfrentan a los desafíos derivados de su aplicación y puesta en marcha.
 
Una de las cuestiones más llamativas es que la nueva ley no menciona las ratios docentes/alumnado máximas para las enseñanzas de Formación Profesional, que son eminentemente prácticas y cuyas metodologías son o deben ser activas.
 
Consideramos que es imprescindible el establecimiento de ratios más bajas que las actuales para los ciclos formativos, estableciendo, al menos, un tope de 25 estudiantes en Grado Superior, 20 en Grado Medio y 15 en Grado Básico. Asimismo, consideramos que, en todo caso, se debe contemplar que las partes prácticas de los módulos deben tener una ratio máxima de 15 estudiantes por cada docente.
 
Por otro lado, los centros de FP somos conscientes de que la transformación de toda la FP en FP Dual supondrá un gran reto a todos los niveles. Hasta ahora, las empresas recibían alumnado que ya contaba con 1.600 horas de formación, pero ahora existe la obligatoriedad de que haya periodos en las empresas tanto durante el primer curso como en el segundo curso.
 
Esta medida nos parece muy positiva y creemos que incentivará al alumnado, pero sabemos que implicará un reto organizativo y logístico al que nos tendremos que enfrentar poniendo más recursos, por ejemplo: asignando un mayor número de horas al profesorado de FCT o dando apoyo a las empresas con respecto al alumnado que realiza las prácticas.
 
Por último, el impulso que se le quiere dar a la FP mediante la creación de esta nueva ley lleva consigo aparejado un desajuste entre la oferta que hacemos desde los centros educativos y la demanda del alumnado, sobre todo en algunas familias profesionales y en algunas comunidades autónomas. Desde la Asociación, creemos que se debe garantizar que todas las plazas demandadas en el ámbito público sean gratuitas y suficientes.
 
Estos desajustes entre oferta y demanda se producen en muchas ocasiones por desconocimiento o, lo que es lo mismo, por falta de información. Por tanto, estimamos primordial que, desde las etapas educativas iniciales, se invierta en una correcta orientación hacia la Formación Profesional, para que tanto el alumnado como sus familias dispongan de una información clara y transparente de lo que es la FP y lo mucho que esta ofrece. Esta es, para todos los actores implicados en este ámbito educativo (administraciones públicas, centros y empresas), una asignatura pendiente.
 
Por último, desde FPEmpresa, como representante de los centros de Formación Profesional, tenemos claro que, si queremos realmente llevar a cabo todas las novedades y mejoras implementadas en este nuevo marco normativo, existe una necesidad imperiosa de garantizar una autonomía real de los centros en todos los ámbitos relacionados con su funcionamiento: autonomía económica, organizativa y fundamentalmente, de recursos humanos. Solo así tendremos la flexibilidad suficiente para adaptarnos con rapidez a las nuevas necesidades de la nueva Formación Profesional.
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