En un ámbito económico y productivo en constante cambio, es preciso un sistema de formación flexible y accesible

Entrevista

  • 29/09/2021

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Clara Sanz López. Secretaria general de Formación Profesional del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP)

Clara Sanz López (Madrid, 1964) es secretaria general de Formación Profesional desde enero de 2020, aunque desde julio de 2018 ya ejercía como directora general de Formación Profesional del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Es diplomada en Magisterio y licenciada en Historia Moderna y Contemporánea, y cuenta con un máster en Orientación Profesional.

Pertenece al Cuerpo de Inspectores de Educación, desempeñando diferentes cargos en las administraciones educativas autonómicas y del Estado. También ha colaborado con organizaciones internacionales como la European Lifelong Guidance Policy Network, el International Centre for Career Development and Public Policy o el European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop), entre otros.

Además, es autora de diversas publicaciones sobre orientación académica y profesional, formación profesional y educación. También es miembro del jurado de los Premios Educaweb de Orientación Académica y Profesional.



¿Qué importancia tiene elaborar una nueva ley orgánica de formación profesional en este momento?
 
Estamos ante una ley absolutamente imprescindible para disponer de un nuevo sistema de Formación Profesional acorde con la realidad que vivimos. La Ley vigente es de 2002 dirigida a una realidad que poco tiene que ver con la actual.
 
El mercado laboral requiere profesionales con formación intermedia, bien cualificados, y que puedan formarse también a lo largo de toda su vida profesional. Estamos inmersos en la cuarta revolución industrial; los procesos de digitalización, las nuevas tecnologías y la sostenibilidad están transformando a todos los sectores productivos sin excepción. Por ello, es más que necesario un sistema de Formación Profesional que garantice una formación de calidad y adaptada a las necesidades emergentes.
 
En este momento, se han dado los tres factores fundamentales para llevar adelante este proyecto: tenemos el análisis certero con los retos y problemas estructurales a los que hay que hacer frente, un plan de actuación que hemos puesto en marcha a través del Plan de Modernización de la Formación Profesional, y la inversión necesaria para hacerlo realidad. Todos los agentes implicados en el ámbito de la Formación Profesional coincidimos en la necesidad de una nueva norma que fortalezca un modelo al servicio de las personas.
 
Necesitamos un sistema de Formación Profesional que satisfaga las necesidades formativas de estudiantes, ocupados y desempleados en cualquier momento de su itinerario profesional.  En un ámbito económico y productivo en constante cambio, es preciso un sistema de formación flexible y accesible, no solo para estudiantes, sino también para la población activa. La formación ha de formar parte cotidiana de nuestra experiencia profesional.
 
"La formación ha de formar parte cotidiana de nuestra experiencia profesional". 
   
¿Cuáles son las novedades más importantes de la nueva ley respecto a la legislación anterior?
 
La nueva Ley de Formación Profesional hará realidad un nuevo sistema que integra por vez primera la Formación Profesional del sistema educativo y la Formación Profesional para el empleo. De tal manera que estamos construyendo un modelo dirigido no solo a estudiantes, sino también a ocupados y desempleados, siguiendo el principio básico de formación a lo largo de la vida.
 
Queremos poner a disposición de los ciudadanos la formación que precise en cada momento, desde una microformación de apenas cincuenta horas, hasta los cursos de especialización. Todo ello para que pueda acceder a la oferta formativa que necesite en función de sus circunstancias personales y laborales.
 
La futura norma regulará todo un abanico de formaciones de diferente duración, pero siempre acumulable, acreditable y reconocible. Una oferta formativa que se estructurará en toda una serie de grados ascendentes con la que el ciudadano podrá ir creando su perfil profesional y enriqueciendo su itinerario formativo.
 
Otra de las novedades más importantes que incorpora la nueva Ley, es que toda la Formación Profesional tendrá carácter dual. Y se contempla en dos intensidades en función de la duración de la estancia formativa en la empresa y de los aprendizajes que se abordarán durante ese periodo en empresa. Así habrá una Formación Profesional general y una Formación Profesional intensiva. En esta última se requerirá relación contractual entre el estudiante y la empresa.
 
Lo que pretendemos con ello es conectar la formación con el empleo a través de intensificar la corresponsabilidad entre centros de Formación Profesional y las empresas del entorno. Ambos trabajarán de manera más estrecha en el proceso formativo del alumnado, teniendo en cuenta que la evaluación final será labor del centro de Formación Profesional. Es importante que el alumnado tenga contacto con su futuro escenario laboral desde prácticamente el inicio de su formación. Esto le permitirá familiarizarse con ese contexto laboral e ir dirigiendo su itinerario desde el inicio.
 
¿Dónde cree que se encuentran las mayores dificultades para aplicar la norma?
 
He de destacar que esta norma ha contado, desde antes de llegar a ser anteproyecto de Ley, con un amplio consenso y con la colaboración de múltiples actores implicados en la Formación Profesional. Desde el MEFP, hemos tenido en cuenta las aportaciones de la comunidad educativa, interlocutores sociales, empresas, resto de ministerios, Consejo General de la Formación Profesional, Consejo Escolar del Estado, Consejo Económico y Social o el Consejo de Estado, entre otras entidades, e incluso la población civil. En definitiva, de todos los agentes implicados en la futura aplicación de la norma.
 
Tras su aprobación por el Consejo de Ministros el pasado siete de septiembre, está ya en el Congreso lista para comenzar la tramitación parlamentaria. Sin duda, las aportaciones de los diferentes grupos políticos vendrán a enriquecer este proyecto de Ley. Una vez aprobada, tendrá que contar con el correspondiente desarrollo normativo para su aplicación.
 
Creo que es tanta la expectación que ha generado y sigue haciéndolo, debido a esa gran necesidad de la que hablaba al principio, que la buena predisposición para su aplicación es máxima por parte de todos. Esta norma viene a dar respuesta a una necesidad compartida.

 
"Esta norma viene a dar respuesta a una necesidad compartida". 
    
   
¿Qué mecanismos existen para coordinar el sistema educativo de la FP con la formación profesional para el empleo?
 
Hablamos ya de una Formación Profesional a lo largo de la vida, sin apellidos, dirigida a estudiantes, ocupados y desempleados. La nueva Ley viene a integrar ambos subsistemas que hasta ahora no se reconocían, la Formación Profesional del sistema educativo y la del empleo, para dar lugar a un sistema único. Era una demanda histórica que gracias a la nueva Ley se hará realidad.
 
Nos encontramos ya ante un modelo integrador y facilitador al servicio de los ciudadanos y ciudadanas que posiciona a la persona en el centro. La futura norma será el mecanismo que lo regulará y consolidará. De ahí la importancia de esta Ley orgánica: constituye un paso de gigante porque no trata de coordinar los dos sistemas; los integra de manera definitiva en un sistema de formación a lo largo de la vida.
 
¿Con qué recursos contarán las comunidades autónomas para poner en marcha el nuevo modelo?
 
La futura Ley de Formación Profesional cuenta con una financiación histórica de casi 5.500 millones de euros. Ya estamos trabajando con las comunidades autónomas para implementar el Plan de Modernización de la Formación Profesional del MEFP y distribuyendo desde 2020 financiación para poner en marcha aquellas líneas de actuación que requieren la participación de las administraciones autonómicas. Hay que recordar que el Plan cuenta con una inversión de más de 2.200 millones de euros y que ha sido el paso previo para preparar el escenario de cara a la nueva ley.
 
Entre las actuaciones en las que estamos trabajando conjuntamente con las comunidades autónomas, cabe destacar la ampliación de plazas de Formación Profesional en 200.000, la agilización de los procesos de acreditación de competencias profesionales, la creación de aulas de emprendimiento y de aulas de tecnología aplicada en los centros de Formación Profesional, la formación en digitalización aplicada a los sectores productivos para profesorado, o la creación de oferta de formación profesional bilingüe, entre otras.
 
En el marco del Plan de Modernización de la Formación Profesional, en 2020, desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional se distribuyó a las CCAA más de 265 millones de euros y algo más de 300 millones en 2021.  De ellos, solo para la financiación de plazas de Formación Profesional adicionales, hemos distribuido a las CCAA casi 300 millones de euros en los cursos 2020-21 y 2021-2022.
 
¿Cómo se garantizará que la interrelación entre los centros educativos y las empresas se produce de manera eficiente, de cara a implantar la FP Dual?
 
Con la nueva Ley, toda la Formación Profesional tendrá carácter dual. Esta norma vendrá a potenciar la corresponsabilidad entre los centros de Formación Profesional y las empresas. El interés por el trabajo coordinado de ambos escenarios es claro y evidente. Ahí la figura del tutor de empresa será muy importante para coordinar la formación del alumnado en las empresas. Ambas partes definirán qué aprendizajes se desarrollarán en las empresas y cuáles estarán impartidos en los centros. Ya se están desarrollando estos proyectos de formación en diferentes centros de Formación Profesional y empresas del entorno, y la fórmula está funcionando muy bien.

La Ley contempla, además, diversos elementos para facilitar que las pequeñas y medianas empresas tengan facilidad para participar y colaborar con los centros.
 
El interés es mutuo por parte de ambos escenarios. Tampoco hay que olvidar que todo ello estará supervisado por las administraciones autonómicas, que son las que tienen la gestión en materia educativa.

 
"La orientación profesional es una de las grandes olvidadas en nuestro país".


La nueva norma incluye un capítulo dedicado a la orientación. ¿Cómo y quiénes prestarán dichos servicios? ¿Qué habría que tener en cuenta para una adecuada implementación?
 
La orientación profesional es uno de los pilares de la nueva Ley de Formación Profesional, junto con la acreditación de competencias y la oferta formativa.

Sabemos que la orientación profesional es una de las grandes olvidadas en nuestro país. Creemos en una orientación a lo largo de la vida que acompañe a estudiantes y trabajadores en su proceso formativo y profesional. Las personas han de conocer en todo momento qué vías formativas tienen a su alcance, cómo pueden mejorar sus competencias profesionales y acceder a la formación que precisen en cada momento.

Desde el MEFP, la figura del orientador nos parece crucial en el éxito formativo y profesional de los ciudadanos. Se crearán puntos de orientación profesional dirigidos a estudiantes y a la población en general, que faciliten el acompañamiento para identificar opciones de formación.

 
Imagen: Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP).
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