En España hay cerca de 4 millones de personas en la economía sumergida, lo que representa un 17% del PIB estatal, según FUNCAS. El empleo doméstico relacionado con la limpieza y el apoyo a las personas dependientes, mayores o niños, guarderías, clases particulares, algunos oficios vinculados a la vivienda como jardinería, peluquería, conserjería, vigilancia, son los ejemplos más típicos, conocidos y aceptados por parte de todos de economía sumergida.Todos los estudios señalan el sector de los servicios a las personas como un filón potencial de empleo, donde muchas veces la demanda supera a la oferta y ésta, además, al no estar suficientemente regularizada ni estructurada, genera unos puestos de trabajo excesivamente inestables, formados por empleados poco cualificados y con dificultades de progresión profesional. Es un sector donde debe mejorar la calidad y, en parte, debería ser a cuenta de la profesionalización de la población empleada. En muchas ocasiones es la población inmigrada que acaba empleándose en este sector.
Según la Asociación Española de Servicios a las Personas (SAP), en 2008, habían 1.666 millones de horas de trabajo informal de atención a las personas. Si estas horas aflorasen, se estima que se podrían generar 1 millón de puestos de trabajo, en un país con más de 5 millones de parados oficiales.
Las barreras que impiden el desarrollo de los SAP son económicas (percepción de altos costes), culturales (tradicionalmente economía informal, altísima tasa de voluntariado y ayudas de familiares), laborales (empleos precarios) y políticas (falta de control, de ventajas fiscales y de protección a los usuarios de los SAP). En Europa hay muchos estados que han tomado medidas para corregir estas debilidades.
Como sociedad, debemos preguntarnos si aceptamos como normal la economía sumergida aunque ello conlleve precariedad, falta de calidad y seguridad y unas estadísticas de desempleo vergonzantes.
Enric Renau
Editor
