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Las clases particulares clandestinas mueven 28,5 millones de euros en las Islas Canarias
Noticia
La Asociación Regional Canaria de Formación Profesionalizada (ARCAP) ha iniciado una batalla contra la economía sumergida, principalmente en las clases particulares de apoyo escolar. Este colectivo ha solicitado la investigación de cientos de ofertas, muchas de ellas de docentes del sistema público. Según la ARCAP, la actividad alrededor de las clases de refuerzo genera un movimiento económico entorno a los 28,5 millones de euros al año y, en algunos casos, una situación de intrusismo.
Esta actividad cada año genera en el Archipiélago "una cifra económica de 28,5 millones de euros, que se trata de dinero negro que ni siquiera se declara a la Seguridad Social", en palabras de Sergio Gimón, presidente de la asociación. Gimón comentó que de esa cifra habría también que detraer los 4 millones que no se aportan al sistema público, "porque se trata de personas que realizan una actividad en la que no se dan de alta como autónomos".
El presidente de ARCAP, que ya ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo para que se investigue las actividades de casi un centenar de ofertas de clases particulares, añadió que lo sorprendente de esta actividad, que constituye un claro intrusismo, "es que en Canarias la llevan a cabo alrededor de 1.500 docentes de diferentes niveles del sistema público de enseñanza reglada".
Sergio Gimón indicó que ARCAP no pretende "ir en contra de nadie", pero puntualizó que "ha llegado el momento de exigir de la Administración que persiga la competencia desleal, protagonizada, principalmente, por parte de trabajadores de la función pública, así como por instituciones que, además de recibir subvenciones, ofertan cursos que están muy por debajo de las necesidades formativas y profesionales".
Asimismo, Gimón llamó la atención sobre la situación que se genera en algunos institutos, "donde se están dando clases particulares por parte de algunos profesores a petición de los padres", un aspecto que, señaló, "no se justifica desde el punto de vista legal, pues se percibe una cantidad económica que no se declara y, además, se utilizan medios técnicos públicos para ello".
El presidente de ARCAP explicó que la permisividad con este tipo de actividades que favorecen la economía sumergida genera un agravio comparativo para el sector de la enseñanza profesionalizada, ya que mientras unos no cumplen sus obligaciones, "nuestros asociados desembolsaron entre 2004 y 2005 más de 1,5 millones para sistemas de calidad, favorecer medidas de accesibilidad, prevención de riesgos laborales o en protección de datos".
Compromiso del Gobierno
Sergio Gimón se reunió ayer con el viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Miguel Becerra, a quien le explicó la realidad y la problemática del sector. A raíz de este encuentro se ha establecido otra reunión, a la que asistirá el presidente, Adán Martín, además de la consejera de Empleo y Asuntos Sociales y la directora general de la Agencia Canaria de Empleo. Entre los asuntos a abordar, figura la competencia desleal, la formación ocupacional y continua o la situación de los institutos públicos donde actualmente se dan estas clases particulares.
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