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Trabajar la mejora de la empleabilidad con personas en riesgo de exclusión social: conceptualización y buenas prácticas

Artículo de opinión

  • 02/10/2019

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Francisco Javier García, Referente de Programas de Empleabilidad, de la Asociación Arrabal AID (Andalucía)
Según los datos de la Encuesta de Población Activa correspondientes al segundo trimestre, la Tasa de Paro en Andalucía se sitúa en el 21,04 %, castigando especialmente a las mujeres (25,08%) y a las personas jóvenes (40,94 %). 11,7 5% es el porcentaje de hogares andaluces con todos sus miembros en situación legal de desempleo. Estos datos permiten realizar un esbozo del mercado de trabajo en el que desarrolla su actividad la Asociación Arrabal AID, una entidad de carácter social que tiene como misión promover la plena incorporación social y laboral de las personas en aquellos territorios en los que interviene, prestando especial atención a aquellas personas más vulnerables.
 
Las intervenciones dirigidas a incrementar el nivel de empleabilidad de las personas en riesgo de exclusión social entienden la consecución de un empleo como una vía para propiciar la plena participación social, contrarrestando situaciones de desigualdad en las que muchas de ellas se han visto envueltas.
 
Para incrementar la empleabilidad de estas personas se requiere aplicar la metodología de itinerarios personalizados de inserción, como la que se realiza en la Asociación Arrabal AID. Mediante el desarrollo de esta se pretende conseguir que los individuos cambien su situación de desempleo, pero también que tracen un proyecto profesional que les permita mantenerse en el mercado de trabajo de forma estable.
 
Por definición, la metodología de los itinerarios personalizados supone el ajuste del proceso a la situación de partida de la persona respecto al empleo. No obstante, el grado e intensidad  de ajuste necesario no será el mismo en todos los casos. Por ejemplificar, la intensidad de la intervención distará significativamente entre atender a una familia con todos sus miembros en desempleo e inmersa en un proceso de desahucio y atender a una persona que tenga reconocida una prestación contributiva de desempleo de 24 meses de duración. Conceptualizar situaciones particulares como situaciones de exclusión social, permitirá por tanto establecer prioridades en las intervenciones y dimensionar los recursos necesarios para llevarlas a cabo. 
 

¿A qué personas se considera que están en riesgo de exclusión social?


En este sentido, desde la Asociación Arrabal AID partimos de la conceptualización de Riesgo de Exclusión Social que realiza la Junta de Andalucía en el Decreto 85/2003, del 1 de abril, por el que se establecen los Programas de Inserción de Laboral de la Junta de Andalucía, modificado por el Decreto 192/2017, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Programa de Fomento de Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral.

Según este marco normativo, los colectivos que tendrán la consideración de persona en riesgo de exclusión son los siguientes:
 
  1. Personas perceptoras de cualquier renta mínima de inserción, así como las personas miembros de la unidad de convivencia beneficiarias de ellas.
     
  2. Personas que no puedan acceder a las prestaciones a las que se hace referencia en el párrafo anterior, por alguna de las siguientes causas: falta del período exigido de residencia o empadronamiento, o para la constitución de la Unidad Perceptora. O bien haber agotado el período máximo de percepción legalmente establecido.
     
  3. Jóvenes mayores de 16 años y menores de 30, procedentes del Sistema de Protección de Menores.
     
  4. Personas con problemas de drogodependencia u otros trastornos adictivos que se encuentren en proceso de rehabilitación o reinserción social.
     
  5. Personas internas de centros penitenciarios cuya situación les permita acceder a un empleo en régimen abierto, sometidos a un sistema de contratación ordinaria con empresarios, así como liberados condicionales y ex reclusos.
     
  6. Personas menores infractoras incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, cuyo programa individualizado de ejecución de la medida contemple objetivos o programas de inserción laboral, sometido a un sistema de contratación ordinaria por entidad o persona empleadora, así como las personas ex internas de centros de internamiento de menores infractores.
     
  7. Personas procedentes de servicios de prevención e inserción social autorizados.
     
  8. Personas procedentes de centros de alojamiento alternativo autorizados.
     
  9. Personas víctimas de violencia de género.
     
  10. Personas andaluzas emigrantes retornadas a Andalucía con graves necesidades personales o familiares.
     
  11. Personas que tengan a su cargo una familia monoparental y presenten graves necesidades personales o familiares.
     
  12. Aquellas otras personas que por su especial circunstancia precisen una atención preferente para facilitar su inserción laboral.
Trabajar en el marco de un itinerario personalizado de inserción con personas desempleadas requiere que el personal técnico de orientación incida sobre variables relacionadas con la empleabilidad como: la identificación del objetivo profesional, el conocimiento del mercado de trabajo, la capacidad para poder aplicar adecuadamente comportamientos y técnicas de búsqueda de empleo, la motivación hacia el empleo y la formación, entre otras.
 
"Hay que dimensionar adecuadamente en términos de recursos humanos y de tiempo el trabajo a desarrollar con las personas en riesgo de exclusión social. Desarrollar un trabajo adecuado requerirá una ratio personal técnico/personas beneficiarias que permita un alto nivel de disponibilidad de los orientadores y las orientadoras".

Cuando la orientación se desarrolla con personas en situación de exclusión social es frecuente tener que incidir, además, en una serie de variables y aspectos particulares que tienen una relación directa con la posibilidad de inserción laboral. Algunas de ellas son las siguientes:
 
  • Trayectorias profesionales poco coherentes, articuladas en múltiples sectores económicos y no siempre en empleo regular.
 
  • Comportamientos propios de una situación de "clientismo" institucional que se contraponen a una actitud proactiva en la búsqueda de empleo y relacionada con el sentirse responsable de los cambios que puedan ocurrir en la situación individual.
 
  • La petición de ayuda se efectúa en muchos casos cuando se agotan los sistemas de apoyo asistenciales o tras desencadenarse una situación de crisis familiar.
 
  • Los planteamientos que se efectúan para salir de la situación de desempleo se centran fundamentalmente en resolver el corto plazo sin entrar a valorar acciones que puedan tener efecto en el medio o largo plazo, y por ende, en el desarrollo profesional futuro.
 
  • Baja disposición a participar en actividades profesionales que no supongan recibir un aporte económico inmediato, como por ejemplo acciones de cualificación profesional.
 
  • Competencias digitales muy limitadas, que se han adquirido a través del uso cotidiano de determinados dispositivos y no tanto de procesos de enseñanza-aprendizaje sistemáticos, lo que dificulta su generalización a otros contextos.
 
  • La situación de desempleo no es coyuntural, sino de larga duración
 
  • Niveles bajos de desarrollo de competencias personales clave para la participación del mercado de trabajo como: autocontrol, flexibilidad, tolerancia a la frustración, cumplimiento de normas y tareas.
 
  • Predominio de determinados estereotipos de género en el seno familiar que lastran las posibilidades de desarrollo profesional de las mujeres.
 
  • Competencia lingüística limitada para la comunicación en español.
 
"Apoyar las intervenciones que se desarrollen en modalidad grupal, donde se trabaje con grupos heterogéneos, resulta enriquecedor".

El trabajo en red con otras entidades, tanto públicas como privadas, es otra de las estrategias que caracteriza el modo de hacer de la Asociación Arrabal AID. De este modo además de los aprendizajes extraídos directamente de la experiencia propia ejecutando programas de empleabilidad, la perspectiva metodológica de trabajo con personas en situación de exclusión social se enriquece a través de las experiencias del resto de organizaciones con las que colabora. Esta posición permite identificar una serie de buenas prácticas en materia de orientación para la inclusión que se enumeran a continuación:
 
  • Que el personal técnico de orientación cuente con una visión positiva de las personas que atiende. Pensar que las personas cuentan con recursos, habilidades e intereses provoca que estas tengan una imagen de sí mismas basada en posibilidades y potenciales. Desde ese contexto, en mucho más sencillo promover la autonomía y la proactividad.
 
  • Dimensionar adecuadamente en términos de recursos humanos y de tiempo el trabajo a desarrollar con las personas en riesgo de exclusión social. Desarrollar un trabajo adecuado requerirá una ratio personal técnico/personas beneficiarias que permita un alto nivel de disponibilidad de los orientadores y las orientadoras. En línea con esto, la necesidad de formular objetivos a corto, medio y largo plazo requerirá que el proceso de acompañamiento pueda adaptarse en términos de la duración del mismo.
 
  • Apoyar las intervenciones que se desarrollen en modalidad grupal, donde se trabaje con grupos heterogéneos, resulta enriquecedor. De este modo, los planteamientos individuales se benefician con la relación entre iguales, siendo el propio grupo una fuente de aprendizaje y convirtiéndose en un elemento de apoyo social.
 
  • Trabajar con las personas desde una perspectiva familiar y no solo individual. Intervenir con toda la unidad familiar de convivencia permite que los proyectos profesionales individuales sean apoyados por el sistema familiar, al entender que los logros de uno de los miembros repercuten positivamente en todo el conjunto. Paralelamente puede provocarse el cuestionamiento de determinados estereotipos de género a los que hacíamos referencia más arriba.
 
  • Promover el regreso a sistema educativo reglado y la participación en los sistemas de acreditación de competencias profesionales oficiales.
 
  • Incluir en las acciones de cualificación un módulo de prácticas formativas no laborales en entornos productivos reales. Siguiendo con esta idea, es clave en el resultado final del proceso la labor de seguimiento y tutorización de las prácticas por parte del personal técnico.
 
  • Promover espacios de encuentro entre el tejido empresarial y las personas desempleadas en riesgo de exclusión que no tengan que ver con procesos de selección de personal. De este modo, una parte puede conocer libremente a potenciales trabajadores/as sin que la relación esté mediatizada, desmontando además de forma natural determinadas ideas preconcebidas. La otra parte puede experimentar en contextos reales muchas de las ideas que se intentan trasmitir desde los servicios de orientación.
 
  • Y, por último, aplicar metodologías próximas al enfoque de entrenamiento en competencias personales, como, por ejemplo, el desarrollado por la Fundación Accenture a través del programa Juntos por el empleo.
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