Las administraciones públicas están preocupadas por el desempleo juvenil, pues constituye un factor de riesgo para las personas, los países y la Unión Europea en su conjunto. Es por ello que los estados miembros han seguido la recomendación del Consejo de Europa realizada el 22 de abril de 2013 en la instaba a velar por la formación y el empleo de los jóvenes que hubieran finalizado la educación formal o permanecieran desempleados durante los últimos cuatro meses. En España, esta declaración se concretó en 2014 con la puesta en marcha de la Garantía Juvenil, un conjunto de medidas dirigidas a jóvenes de entre 16 y 29 años que ni estudian ni trabajan ni reciben formación.Con el fin de conocer qué se está haciendo en España al respecto y compartir experiencias que permitan mejorar las políticas públicas para la promoción del empleo joven, la Organización Internacional del Trabajo ha editado Garantía Juvenil en España: enseñanzas extraídas, una publicación donde se recopila información sobre una treintena de prácticas realizadas en las diferentes comunidades autónomas, así como una comparación de programas similares en otros países de la Unión Europea.
Algunas enseñanzas extraídas de manera preliminar a partir de la comparación de los programas desarrollados en las diferentes comunidades autónomas permiten resaltar, por ejemplo, la importancia de la coordinación interinstitucional para abordar el desempleo juvenil. Murcia y Navarra destacan por la coordinación transversal realizada a través de las Mesas municipales y técnicas, "claves en la implicación de todos los actores en las políticas de los jóvenes".
La acción individualizada y la planificación para la inserción laboral también son frecuentes en la mayoría de las prácticas recogidas. En este punto, destaca Catalunya, cuyo programa Nuevas Oportunidades para los jóvenes incluye "un camino flexible y adaptado a las necesidades específicas de los jóvenes". En este punto también se menciona Asturias, donde existe un acompañamiento post-inserción de seis meses a través de los mentores.
Baleares, Canarias Extremadura y Madrid sobresalen en la utilización de dispositivos de capacitación e incentivos a la contratación que resultan eficaces por estar diseñados para grupos específicos, incorporar al sector empresarial y responder a las necesidades concretas del mercado de trabajo.
Los autores del informe también constatan la utilidad de los esquemas de reducciones fiscales y bonificaciones cuando los programas se hallan bien perfilados y existe una evaluación "robusta" que minimiza los efectos contrarios, como sucede en La Rioja, Aragón, Baleares, Ceuta y Castilla y León.
El conocimiento de la realidad estatal y de casos similares en otros países permite detectar la existencia de tres elementos que resulta preciso tener en cuenta a corto y medio plazo:
- Conseguir una definición consensuada del concepto de oferta de empleo de calidad;
- Modernizar el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE);
- Integrar la Garantía Juvenil y los respectivos indicadores de seguimiento en el próximo Plan Anual de Política de Empleo (PAPE).
Los autores también recuerdan la importancia de establecer acuerdos sólidos con agentes sociales y asociaciones juveniles, así como desarrollar una estrategia que permita "reintroducir" en el mercado laboral a los jóvenes desmotivados y excluidos. Garantía Juvenil en España: enseñanzas extraídas incluye un anexo donde se enumeran y describen la treintena de prácticas analizadas.
