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La Ley Orgánica de Educación aprobada por el Consejo de Ministros reduce el presupuesto anunciado
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La dotación de la Ley Orgánica de Educación (LOE) aprobada ayer por el Consejo de Ministros -6.023 millones de euros- no sólo no ha aumentado, sino que se ha reducido ligeramente en casi 70 millones. La supresión de la referencia explícita de la religión como asignatura de oferta obligatoria para los centros y voluntaria para los alumnos no satisface a la Iglesia.
Tanto la financiación de la reforma educativa como la regulación poco concreta de la enseñanza confesional son precisamente dos de los principales obstáculos que siguen viendo los socios naturales del PSOE, Izquierda Verde y ERC, para mostrar un apoyo abierto, imprescindible para sacar adelante la ley en el Parlamento. Una dificultad significativa si se tiene en cuenta además que este esfuerzo financiero se basa en la aportación en alrededor de un 45% por parte de las comunidades autónomas.
En el texto que remitió ayer el Gobierno al Congreso se vincula el estatus de la enseñanza de las religiones a los acuerdos establecidos con la Santa Sede y el resto de confesiones representativas en España, lo que supone la supresión con respecto al primer borrador de la referencia explícita - incluida en la normativa actual- a que se trata de una asignatura de oferta obligatoria para los centros y voluntaria para los alumnos.
La LOE conlleva la derogación de cuatro leyes orgánicas, entre ellas la controvertida ley de Calidad de la Enseñanza (LOCE) del PP, cuya aplicación congeló José Luis Rodríguez Zapatero poco después de llegar al Gobierno. Según los expertos, la actual reforma trata de mejorar algunos de los puntos débiles de la LOGSE (Ley Orgánica General del Sistema Educativo), impulsada por el gabinete de Felipe González, que ya se apuntaban en la LOCE.
La LOE establece la gratuidad a la franja de 0 a 3 años, como ya se está implantando en varias comunidades. Además, insiste en la potenciación de los idiomas extranjeros y de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, mediante la implantación por ejemplo de su enseñanza a partir de los cinco años.
Evaluaciones de diagnóstico y promoción
La repetición de curso se producirá cuando el alumno suspenda cuatro o más asignaturas. Si no aprueba tres, la decisión será tomada por los profesores. En primaria sólo se podrá repetir una vez mientras que en secundaria está permitido que sean dos, siempre y cuando no se trate del mismo curso. Excepcionalmente, un alumno podrá repetir dos veces en cuarto si no ha perdido cursos anteriores. En todo caso, los estudiantes tendrán que recuperar las asignaturas suspendidas, incluso si han podido pasar de curso. Además, la LOE excluye la promoción automática de curso.
La educación secundaria obligatoria (ESO) se divide en un bloque con los tres primeros cursos mientras que el cuarto tendrá una configuración más cercana a la estructura del bachillerato. Para los que tienen reiteradas dificultades para superar secundaria, los centros tendrán que crear "programas de diversificación curricular". Además, habrá programas de cualificación profesional para mayores de 16 años que no han conseguido el título de ESO que sustituirán a los programas de garantía social.
La introducción de Educación para la Ciudadanía, apadrinada desde un principio por el PSOE, ha perdido peso al pasar de configurar una nueva área de conocimiento a una materia que deberá ser impartida en uno de los cursos de primaria y secundaria. Desterrada la posibilidad de implantar una reválida, como establecía la LOCE, se realizarán dos evaluaciones sobre competencias básicas en 4º de primaria y 2º de secundaria. Estas evaluaciones de diagnóstico no computarán en el historial del alumno, sino que tienen el objetivo de recabar datos sobre el funcionamiento del sistema educativo y así poder adoptar medidas de mejora. Las condiciones de la prueba de acceso a la universidad serán fijadas por la Administración central, previa consulta a las comunidades autónomas.
El proyecto de ley prohíbe que los centros privados concertados cobren directa o indirectamente por percibir enseñanzas gratuitas y que establezcan servicios obligatorios - salvo las actividades extraescolares- que requieran aportaciones económicas.
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