Cuando se habla en España, en 2022, de las perspectivas laborales de los titulados en Formación Profesional hay que atender, necesariamente, a la aparición de un nuevo escenario dominado por intensos cambios económicos, tecnológicos, sociales, medioambientales, jurídicos y políticos que ya están en el presente y que van a continuar en el futuro. Porque una cosa es que a corto plazo se necesiten operarios para la construcción o determinados oficios vinculados a la coyuntura del ciclo económico; esto siempre ha ocurrido y en mayor o menor medida se han encontrado soluciones, pero otra bien distinta es afrontar las necesidades asociadas a las tendencias de medio y largo plazo del mercado laboral. Estas necesidades están obligando a las empresas y las organizaciones, en su afán por contratar cualificación y competencia profesional, a destinar importantes recursos económicos y humanos a la definición de estrategias eficaces para atraer y retener talento. Y, en este proceso que, en buena medida ya se encuentra entre nosotros, los titulados de Formación Profesional juegan con ventaja.
Por lo tanto, más que hablar de mejora de las perspectivas laborales de estos profesionales, lo que realmente interesa a las economías, como la española, es crear más oportunidades de formación y aprendizaje que incrementen la oferta de titulados en Formación Profesional, para la cual será necesario realizar reformas profundas en los sistemas educativos y formativos, así como en los procesos de orientación laboral a todos los niveles.
La cuestión principal es que, en esta tarea de implementar reformas económicas y sociales, España lleva cierto retraso. La primera ley integral de la Formación Profesional y cualificaciones fue aprobada hace justo 20 años, y, si bien es cierto que su implantación ha dado lugar a un aumento de la oferta de titulaciones y de alumnos de Formación Profesional como nunca anteriormente en la historia, también existe cierto consenso en que todavía queda mucho camino por recorrer, y que se mantienen trabas que hacen difícil lograr ese objetivo de incrementar los profesionales titulados en Formación Profesional.
No obstante, cuando se habla de mejorar las perspectivas laborales de los titulados de Formación Profesional, en realidad se atiende a un fenómeno que empieza a ser preocupante para los responsables de estas enseñanzas. En concreto, en los últimos años se ha producido un desajuste entre la oferta y la demanda de plazas en algunas titulaciones de Formación Profesional, sobre todo en aquellas que presentan mayores oportunidades laborales, de forma que se observa que hay menos plazas disponibles en las titulaciones más valoradas por las empresas, y, en cambio, la oferta de plazas supera a la demanda en especialidades de menores niveles de empleabilidad.
En principio, estos desajustes entre la oferta y demanda de plazas en las titulaciones presentan una serie de implicaciones que pueden estar condicionando el desarrollo futuro de la Formación Profesional en España. Y dado que se trata de un fenómeno reciente en el tiempo, todavía hay tiempo para encontrar soluciones y llevarlas a la práctica.
"Lograr que la oferta formativa en la FP aumente para atender las demandas de los alumnos exige dar una mayor participación al sector privado y empresarial".
Un alumno que desee realizar una formación de alta empleabilidad, pero no encuentra plaza en la oferta existente, se sentirá frustrado al no poder ejercitar su deseo y lo más probable es que acabe realizando alguna formación de menos interés. Por otra parte, es imposible que la oferta de titulaciones, sobre todo la pública, crezca de forma indefinida, porque ello supone unos costes económicos difíciles de asumir por el presupuesto público.
Lograr que la oferta formativa en la FP aumente para atender las demandas de los alumnos exige dar una mayor participación al sector privado y empresarial, no solo por su mayor agilidad para desarrollar proyectos e instalaciones físicas, sino por la proximidad al ámbito empresarial privado, al que pertenece. Habría que explorar este tipo de posibilidades por parte de las administraciones públicas fortaleciendo los mecanismos de cooperación público y privada que defiende la Unión Europea, yendo más allá de la formación dual, que también necesita un impulso definitivo en España.
En cuanto a las acciones que pueden realizar los centros formativos públicos y privados para que la oferta de Formación Profesional se incremente de acuerdo con las necesidades de las empresas, lo primero que hay que tener en cuenta es que tanto en la Formación Profesional del sistema educativo, como en la perteneciente a la administración laboral existen unos niveles de regulación que condicionan cualquier plan a realizar por los centros. Y otro tanto ocurre con las empresas que quieran participar en la formación de sus futuros trabajadores.
No existe dentro del marco jurídico y administrativo, una libertad plena y absoluta para aumentar la oferta, sobre todo presencial, ya que se deben cumplir unos requisitos de espacios, medios, profesores, orientadores, etc., que en ocasiones son difíciles de lograr. Los que se oponen a aumentar esa libertad de los centros para crecer argumentan que es necesario preservar la calidad de la formación y asegurar que el aprendizaje logre sus objetivos. No conviene perder de vista la importancia de la Formación Profesional online que permite aumentar de forma notable el número de alumnos asistentes a los cursos y que podría servir para atender esa demanda creciente a corto plazo.
Los centros también pueden actuar sobre la demanda del mercado, procurando corregir los desajustes por medio de acciones puntuales de comunicación, pero esa no es una solución sostenible a largo plazo. La solución pasa por las empresas que deben disponer de muchas más vías para participar en la oferta formativa.
También se habla del papel de la orientación académica y profesional para contribuir a la reducción del desajuste entre la oferta y la demanda de los ciclos de Formación Profesional. Y es cierto que los orientadores pueden actuar, canalizando las aspiraciones de los estudiantes hacia los distintos programas y ayudándoles a construir itinerarios alternativos que lleven a un mismo resultado en términos de empleabilidad. Esta sería una actuación para ser desarrollada en el corto plazo, pero a medio y largo plazo, los orientadores deben acercarse más a la realidad de las empresas y contribuir con sus aportaciones a la actualización permanente del catálogo de cualificaciones profesionales, para conseguir que los programas formativos respondan realmente a las necesidades de las empresas.
La tarea es apasionante y exige compromiso, rigor y visión estratégica de todos, los empresarios, los centros y los responsables en la administración de la Formación Profesional. Se requiere que trabajen codo a codo, mucho más que ahora, de modo que se puedan corregir los actuales desajustes y que no vayan a más, al tiempo que con ello se mejoran las perspectivas de empleo de los titulados de Formación Profesional.
