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"Hay que luchar para que los colectivos vulnerables puedan formarse y mejorar sus oportunidades laborales en sectores que crecen"

Entrevista

  • 21/12/2020

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Dessirée García. Responsable del programa de Formación e Inserción Laboral en Cáritas Barcelona y directora del Posgrado en Orientación e Inserción Laboral de la Fundació Pere Tarrés
Dessirée García es responsable del programa de Formación e Inserción Laboral en Cáritas Barcelona, una ONG que, entre sus actividades de apoyo a las personas en riesgo de exclusión social, ofrece servicios de orientación profesional e inserción laboral para que estos ciudadanos y ciudadanas consigan oportunidades laborales.

García también es directora del Posgrado en orientación e inserción laboral de la Fundació Pere Tarrés y ha sido regidora del Ajuntament de Badalona durante 4 años y jefa de gabinete de la Conselleria de Treball de la Generalitat de Catalunya. Es licenciada en ciencias políticas y de la administración pública y cuenta con un posgrado en inserción laboral y un máster en administración pública de ESADE.
 
¿Qué servicios de orientación ofrecen desde Cáritas y qué perfil de personas los utilizan/demandan con más frecuencia?
 
Desde Cáritas articulamos un itinerario laboral a partir del 2012, ante una nueva necesidad social. La crisis de 2008 y con unas políticas públicas que tendían a mermar e incluso desmantelar servicios y ayudas, hacía que Cáritas recibiera, ya no solo a personas cuyas circunstancias eran de exclusión social, si no que había un nuevo perfil de personas, de formación media o superior y generalmente autóctona. Estas personas estaban siendo expulsadas del mercado laboral y esa exclusión les estaba llevando también a una exclusión social (problemas para pagar hipotecas, alimentos, comedor de los hijos/as).
 
Necesitábamos que las personas volvieran al mercado de trabajo, encontraran un empleo, lucharan por mantenerlo, y que, en caso de perderlo, pudieran buscar uno nuevo con el máximo de autonomía. En definitiva, teníamos que conseguir que esas "mochilas profesionales" que llevamos, se fueran llenando de herramientas, autoestima, y competencias para poder conseguir un empleo.  Así pues, nuestro itinerario se compuso de programas de aprendizaje de la lengua, habilidades personales y sociales, formación profesionalizadora, y servicios de intermediación donde se ayuda a las personas a establecer su perfil/es profesional/es, se capacitan para la búsqueda de empleo, y simulan entrevistas para mejorar sus posibilidades, entre otros.
 
¿En qué medida ha variado la oferta, el perfil de las personas usuarias y la demanda de estos servicios a raíz de la pandemia (si puede ofrecer datos concretos, se lo agradeceríamos)?
 
La principal diferencia con lo que sucedió en 2008 ha sido principalmente las medidas públicas que han impedido una expulsión masiva del mercado laboral y ha contenido gran parte de la situación económica. No obstante, aquellas personas más vulnerables que acusaban más la temporalidad han perdido sus empleos y han necesitado acudir a nuestra entidad para pedir ayudas económicas (especialmente en alquiler y realquiler) y también de alimentación.
 
Cabe destacar que, entre todas las personas, el colectivo que mayor vulnerabilidad presenta es el de las personas que se encuentran en situación administrativa irregular, y que, por tanto, dada la ley de extranjería, solo pueden acudir a la economía informal durante los primeros 3 años de padrón, para así luego, intentar encontrar una empresa que les contrate por un año y tramite su regularización en nuestro país. Este colectivo, que por razones obvias suele concentrarse en la economía informal, se ha visto afectado en sobremanera durante el estado de alarma, en el que se han perdido 250.000 puestos de trabajo por cada millón de empleos en el mercado ordinario (según el catedrático en economía doctor Josep Oliver), y a su vez, no han podido ser beneficiarios de ninguna política social ni de prestaciones ni subsidios impulsados por los gobiernos durante el mismo periodo.
 
 Así pues, máxima desprotección sería la conclusión del estudio del Primer impacto de la COVID-19 en los hogares atendidos por Cáritas Diocesana de Barcelona, elaborado partir de 475 encuestas realizadas la segunda quincena de mayo. Algunos datos del estudio son:
 
  • Destrucción intensa de empleo que provoca descenso del 36% de los ingresos (caída del 73% en el caso de los ingresos provenientes de la economía informal). 1 de cada 4 hogares se queda sin ningún tipo de ingreso.
  • Aumento del riesgo de desahucio, con un 42% de los hogares que no pueden hacer frente a los gastos de vivienda (más de 14.000 personas que acompañamos se encuentran en esta situación)
  • Dificultades de conciliación: el 13% de los hogares con hijos menores de edad ha renunciado al trabajo para hacerse cargo de los niños
  • 1 de 3 hogares con menor rendimiento escolar
  • Brecha digital: 11% de los hogares sin conexión a internet y 1 de cada 3 sin habilidades para realizar trámites por internet
  • Impactos en la salud: 7 de cada 10 hogares con aumento de la ansiedad y / o dificultades para dormir.
 
La crisis del COVID-19 ha impactado de manera desigual y nuevamente de manera más intensa sobre las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Muchas ya las conocíamos en Cáritas, si bien un grueso no menor se acercó por primera vez o han vuelto después de años de no haber tenido necesidad de nuestro acompañamiento.
 
Con esta fotografía, nuestros esfuerzos se han centrado en cubrir las necesidades de pago a las habitaciones de realquiler (último recurso antes de vivir en la calle para muchas familias), así como seguir fomentando la  intermediación laboral, con más de 100 inserciones conseguidas durante los meses de junio y julio. Vivienda, inserción laboral, cobertura de las necesidades básicas y reducción de la brecha digital son nuestras líneas estratégicas, así como la adaptación de nuestros sistemas de información y el trabajo conjunto con toda la red comunitaria.
 
La pérdida de empleo ha sido mayor entre las personas que trabajaban en la economía informal, según su informe (Primer) impacto de la crisis de la COVID-19 en las familias atendidas por Cáritas Diocesana de Barcelona ¿Qué medidas han puesto en marcha para que estas personas puedan optar o encontrar trabajo?
 
Como hemos dicho, lo que priorizamos en Cáritas está siendo la ayuda a necesidades básicas, y de forma complementaria, el servicio de orientación e intermediación ha seguido funcionando a pesar del estado de alarma. En este sentido ha sido fundamental que la intermediación no se viese interrumpida a pesar de las restricciones a la movilidad, porque necesitábamos analizar los cambios en el mercado de trabajo, y si bien han quedado muy afectados sectores como el turismo, se han abierto nuevas oportunidades en otros sectores y actividades.
 
Nuestra tarea es luchar para que las personas más vulnerables tengan también su sitio en esas nuevas oportunidades. Es por ello por lo que estamos trabajando para abrir relaciones de intermediación en sectores que están creando más empleo y que a menudo y no suelen ser solo grandes empresas si no medianas y pequeñas. Nuevamente, hay que destacar la mayor situación de vulnerabilidad para las personas en situación administrativa irregular, ya que no solo no pueden ser beneficiarias de ningún tipo de ayuda, sino que, además, les esperan duros meses (si no años) donde las empresas no generarán gran número de contrataciones de un año por lo que, si el Gobierno no toma medidas, tendrán muy pocas opciones para regularizar su situación.
 
Por otro lado, y común a todas las personas que acompañamos, la digitalización ha adquirido mayor relevancia que la que tenía antes de la alarma sanitaria, y ello nos ha obligado a intentar acelerar procesos de aprendizaje de competencias digitales, y a transformar todo nuestro itinerario a formato online (asesorías grupales, tutorías, cápsulas) eso sí, manteniendo presencialidad para quien acuse brecha digital casi total o total.
 
"El reto más importante de la orientación para personas en riesgo de exclusión social es la reducción de la brecha digital, puesto que está haciendo que estos colectivos no puedan acceder a las nuevas y pocas oportunidades que el mercado de trabajo está creando".

¿Qué estrategias, acciones o prácticas de orientación profesional han funcionado durante la pandemia para conseguir la inserción laboral de personas vulnerables?
 
Sobre todo, era importante que las personas en proceso siguiesen la búsqueda de empleo, y que trabajaran las competencias digitales. De un día para otro las empresas estaban haciendo teletrabajo, y por tanto entrevistas y procesos de selección online para cubrir vacantes o bajas, y eso dificultaba mucho el acceso de las personas que atendemos a estas oportunidades de trabajo.
 
La identificación de brecha digital, qué tipo y el intentar que mejoren sus competencias está siendo y será clave en la orientación e intermediación de los colectivos vulnerables que atendemos. Así mismo, la capacitación en los nuevos nichos de mercado que se creen, especialmente economía verde, hay que luchar para que los colectivos vulnerables (generalmente de baja calificación) puedan formarse y mejorar sus oportunidades en sectores que crecen, y seguir impulsando el reconocimiento y mejora de las condiciones en sectores en los que ya estaban, como el sector sociosanitario, de atención a domicilio, servicio doméstico, etc. Y en general, no podemos olvidar que hay que seguir reivindicando un trabajo decente en nuestro mercado laboral, puesto que, en 2019, el 27% de los contratos temporales fueron de menos de 7 días.
 
¿Cuáles son los retos y oportunidades de la orientación profesional para personas en riesgo de exclusión social en tiempos de crisis como la actual? (Mencione los tres que considere más importantes)
 
El reto más importante de la orientación para personas en riesgo de exclusión es la reducción de la brecha digital, puesto que como decía antes, está haciendo que estos colectivos no puedan acceder a las nuevas y pocas oportunidades que el mercado de trabajo está creando. Es necesario que esta crisis económica generada por la pandemia no siga acrecentando la desigualdad social que ha ido aumentando exponencialmente a partir de la crisis de 2008 y de las medidas de contención económica que se tomaron. Necesitamos una mayor redistribución de los recursos, y una fiscalidad para toda la sociedad que nos permita una sociedad más justa y equitativa y un mercado de trabajo que genere empleos decentes y de calidad.
 
¿Qué tipo de acciones cree que deberían realizar otros agentes, como las empresas y administraciones, para que las personas reciban orientación profesional y laboral y/o puedan tener oportunidades laborales en este contexto de pandemia?
 
Es necesario que las empresas incorporen la responsabilidad social corporativa como una política intrínseca a ella (no por marketing u oportunidad de reducir costes) y que empiece a realizar una política de contratación donde puedan acceder personas que se encuentren en situación de exclusión social y les permita volver a la sociedad.
 
Por otro lado, necesitamos que las administraciones entiendan que las políticas activas de empleo deben ser una herramienta útil para la ciudadanía, y por ello las entidades que las impulsan deben poder tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades y especificidades de las personas que acompañan. No pueden acompañar a las personas en exclusión, si están preocupadas por cumplir las exigentes formas de justificación de las actuales subvenciones.
 
Por otro lado, se necesita que, para determinadas formaciones, sea compatible trabajar y formarse a la vez. Nuestra formación ocupacional a menudo contempla certificados de profesionalidad (CP) que requieren tanto tiempo que la persona que necesita ingresos no puede alternar esa formación con el trabajo que le permita subsistir, y obtenemos el efecto contrario al que se quiere llegar, como es tener una gran parte de la población preparada y formada para poder desarrollar las profesiones con las competencias necesarias.
 
A modo de conclusión, desde hace más de dos décadas, arrastramos grandes y viejas desigualdades en el mercado de trabajo, donde jóvenes, mujeres, migrantes y mayores de 55 años son expulsados de él o bien tratados con máxima precariedad. Es por ello por lo que los poderes públicos, sindicatos y patronal deben afrontar la transformación hacia un sistema económico sostenible, igualitario y con trabajo decente al que todas las personas puedan acceder, sea cual sea su situación.
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