La información y orientación profesional es un instrumento fundamental para la inserción laboral, la mejora de las cualificaciones y la inclusión social. En el conjunto de las políticas activas de empleo, es el armazón sobre el que sostienen las intervenciones destinadas a mejorar la empleabilidad de la población. Por ello, en la Ley Orgánica 5/2002 del 19 de junio de las Cualificaciones y la Formación Profesional se estableció, como uno de los fines del Sistema Nacional de Cualificaciones en España, "proporcionar a los interesados información y orientación adecuadas en materia de formación profesional y cualificaciones para el empleo", artículo 3.3.Esta temprana apuesta se concretó, más adelante, en lo dispuesto en el artículo 4, letra c de la Ley, cuando se hacía referencia a los instrumentos y acciones del Sistema, entre los que se señalaba, "la información y orientación en materia de formación profesional y empleo". Desde esta perspectiva, esta actividad consiguió una importancia estratégica en la atención a las demandas de empleo y formación de la población a lo largo de la vida, y por ello, el Título III de la Ley se dedicó a regular los aspectos generales de esta materia.
Con la importancia reconocida por el legislador a la información y orientación profesional, España apostó por la Guía de la Comisión Europea, denominada, Lifelong Guidance Policy Development: A European Resource Kit (2011), referencia fundamental para encuadrar la actividad de los orientadores en el ámbito de las políticas activas de empleo.
En coyunturas de desempleo masivo resulta difícil atender las necesidades de los colectivos en riesgo de exclusión social y asegurarlas para todas las personas, independientemente de su situación económico-social y sus particularidades funcionales. Sin embargo, cuando la tasa de desempleo general desciende, como viene ocurriendo en España desde el primer trimestre de 2013, desde el 26,94 % hasta el 14,02 % del segundo trimestre de 2019, las personas sin trabajo presentan dificultades reales para acceder a los puestos ofertados. Bien sea porque sus cualificaciones se han quedado obsoletas, porque carecen de formación o cualificación para acceder a los empleos, o porque forman parte de colectivos sociales que tienen dificultades reales y objetivas para acceder al mercado laboral.
Las políticas activas de empleo, diseñadas con criterios genéricos para atender al conjunto de la población, tienen escaso impacto para reducir los niveles de desempleo de estos colectivos, y exigen una personalización de las actuaciones a desarrollar, a fin de remover los obstáculos que impiden el acceso al mercado de trabajo. La notable variedad que presentan estos colectivos, sus necesidades cambiantes, la dimensión de las situaciones de dependencia o exclusión, exigen a la información y orientación profesional un notable esfuerzo para ofrecer soluciones viables y eficaces para mejorar las perspectivas de empleo.
Las barreras que dificultan la orientación de las personas en riesgo de exclusión
Pasando revista a las cuestiones planteadas, se observa que las principales barreras que dificultan el acceso a los servicios de orientación académica y profesional de las personas en riesgo de exclusión social se encuentran, generalmente, en la falta de información sobre las oportunidades que existen de utilizar estos servicios. La experiencia confirma que la participación en los programas puede mejorar notablemente cuando aumenta la notoriedad y el grado de conocimiento de los servicios de información y orientación. Acercar su contenido a estos públicos es una acción recomendable. Motivar su participación en los programas mediante incentivos o reducir los obstáculos existentes, puede ser decisivo.
"Las buenas prácticas de información y orientación profesional que contribuyen a la inclusión social de las personas en riesgo de exclusión son aquellas que combinan, de algún modo, los aspectos formativos, de empleo y cualificación con la orientación misma".
Conseguida la participación, casi siempre renuente y con escasa motivación, de estos colectivos en los servicios de información y orientación, los principales retos para conseguir que las personas en riesgo de exclusión social proyecten y construyan su proyecto de vida y profesional se encuentran básicamente en la personalización y especialización de los servicios de orientación que se ofrecen a estos colectivos, para que sean acordes a sus circunstancias, lo que no siempre resulta fácil. Sobre todo, encontrar un equilibrio entre lo que necesita el candidato para mejorar su inserción laboral, y las condiciones restrictivas que financian las ayudas por parte del Ministerio, dentro de las políticas activas de empleo.
Las buenas prácticas de información y orientación profesional que contribuyen a la inclusión social de las personas en riesgo de exclusión son aquellas que combinan, de algún modo, los aspectos formativos, de empleo y cualificación con la orientación misma. En España existe un programa que arrancó en la década de los años 90, cuando el desempleo juvenil empezaba a ser un grave problema, y que durante su vigencia mostró una gran capacidad para favorecer la transición de la escuela al mundo laboral. Si bien no se trata de un programa de orientación al uso, las Escuelas taller y casas de oficio combinan dosis de información y orientación profesional con formación especializada desde las agencias de desarrollo local de los ayuntamientos, adoptando el trabajo práctico y el empleo en obras de rehabilitación del patrimonio.
La progresiva desaparición de este programa, bajo el argumento de su elevado coste, no impide tener en cuenta que ha sido una de las políticas activas de empleo más eficaces para dar soluciones al público objetivo al que se dirigía. Su recuperación y puesta en valor, en las circunstancias actuales, de personas jóvenes poco cualificadas, que han abandonado la escuela sin completar la formación y que tienen necesidades educativas especiales, o que no estudian ni trabajan, está plenamente justificada.
Otros colectivos en riesgo de exclusión, las personas con discapacidad física o mental, los inmigrantes y minorías raciales, los mendigos, las mujeres sobre todo las víctimas de la violencia machista, los desempleados adultos, recién licenciados y parados de larga duración, analfabetos, drogadictos, presos, lo tienen más difícil por cuanto no existen programas de políticas activas de empleo que tengan un impacto positivo en sus oportunidades de acceso al mundo laboral y la formación. De hecho, la aplicación de Escuelas taller a personas de mayor edad, los llamados Talleres de empleo, nunca ha tenido los mismos resultados en términos de participación, empleo y cualificación.
Por último, es cierto que la orientación profesional debe ser un proceso continuo y gradual que acompañe a las personas a largo de la vida para favorecer la adopción de decisiones profesionales a partir de un análisis de las diferentes profesiones (actuales y emergentes) y el conocimiento de la situación y las tendencias del mercado laboral. Este modelo se debe aplicar a las personas en riesgo de exclusión social, teniendo en cuenta sus circunstancias específicas.
