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La autonomía de los centros implica responsabilidad y evaluación

Editorial

Más autonomía implica más responsabilidad. Más responsabilidad pedagógica, organizativa, en la gestión y en la toma de decisiones de cualquier tipo. Los centros educativos tienen derecho a mejorar y los actores principales sólo pueden ser los docentes y los equipos directivos. También tienen el deber de progresar, pues no estamos en una posición a la altura de nuestras necesidades.


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Enric Renau. Editor
El modelo centralizado de toma de decisiones ha fracasado. Pocos lo defienden aún como criterio de gestión del sistema público de educación. La distancia con la realidad social, la lentitud en la asunción de decisiones, la dificultad de atacar la diversidad de situaciones y la propensión a conflictos laborales ha dejado en evidencia un modelo que nos ha situado en la fila de atrás de los países desarrollados en resultados educativos.

El modelo de autonomía de centros no sólo es más eficiente sino que implica más y mejor a los profesionales de la educación en los resultados de su actividad profesional. Y conlleva mejores resultados académicos.

No se si existe un axioma científico que relacione autonomía y responsabilidad pero si que existen distintos estudios sociológicos que correlacionan positivamente estas variables. Más autonomía implica más responsabilidad.

Más responsabilidad pedagógica, organizativa, en la gestión y en la toma de decisiones de cualquier tipo.

Los centros educativos tienen derecho a mejorar y los actores principales sólo pueden ser los docentes, cada uno según su responsabilidad. También tienen el deber de progresar, pues no estamos en una posición a la altura de nuestras necesidades.

Si superamos el criterio paternalista del pasado, sólo nos queda una alternativa. Confiar en los profesionales y darles la capacidad de demostrar su competencia en la gestión y organización de su proyecto educativo.

Pero al mismo tiempo, la sociedad, tiene el derecho a conocer el ritmo del progreso o del deterioro de la situación en los centros. Y es la administración educativa la que tiene que velar por el cumplimiento de los objetivos de mejora.

Para ello tenemos que combinar la apuesta confiada en la autonomía de los centros con la consolidación y expansión de unos mecanismos útiles de evaluación permanente de los procesos y los resultados de cada uno de los centros del país y de sus territorios.

Finalmente, deberíamos vincular los presupuestos públicos a la consecución de objetivos, estimulando el éxito y penalizando la atonía o falta de acierto.

Seguramente, no se trata de comparar centros, sino de definir unos indicadores internos de progreso que midan la evolución de cada institución con su punto de partida y aceptando que la diversidad de entornos sociales y de situaciones particulares exige ritmos distintos.


Enric Renau
Editor

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