Europa pretende convertirse en la sociedad y la economía del conocimiento más dinámica del mundo en 2010, a partir de su modelo propio basado en el estado del bienestar en un marco de libertad de movimiento de capitales, mercancías y personas, según los objetivos de la Declaración de Lisboa del año 2000.La propia Unión Europea (UE) señaló en mayo del 2004 que la orientación educativa y profesional a lo largo de la vida es un instrumento ideal e indispensable para fomentar el desarrollo de la trayectoria profesional de las personas y su formación permanente.
En cambio, según un informe conjunto de la UE y la OCDE dirigido a los responsables políticos hay un claro desfase entre los objetivos políticos de los responsables institucionales de las materias de educación, formación y empleo y la prestación de servicios de orientación profesional. Me atrevería a decir que ese desfase es aún mayor en España.
Nos llenamos la boca de hablar de solucionar el fracaso escolar y de prestigiar la formación profesional en la educación secundaria. De integrar la población inmigrante y los jóvenes de clases más desfavorecidas en el sistema escolar y en la sociedad. De promover una adecuación de los elevados recursos dedicados a la Universidad para aprovechar la inversión en educación superior hecha por la sociedad. De exigir una mayor adecuación de los estudios superiores a las necesidades del mercado laboral.
En cambio, ¿qué esfuerzo político y económico estamos haciendo para promover la orientación profesional? Mínimo.
En el ámbito de la orientación profesional para los adultos, más de lo mismo. Para empezar, la orientación se reduce al apoyo a los desempleados y a la población en riesgo de exclusión, algo muy necesario, pero que afecta sólo a una parte minoritaria de la sociedad. En el ámbito de la población ocupada y que quiere progresar o se encuentra en una situación de cambio, no se fomenta prácticamente ningún servicio ni políticas de orientación, como si este colectivo no las necesitase. Ni administraciones, ni empresas, ni sindicatos realizan ni reclaman medidas en este ámbito, que tan útil puede ser para prevenir el desempleo, para fomentar la formación continua y para mejorar las competencias de los trabajadores, incluidos los de mayor edad a los que siempre olvidamos.
Vuelvo a preguntar ¿qué esfuerzo político y económico estamos haciendo para promover la orientación profesional? La misma respuesta: Mínimo.
Señala este informe de la UE y de la OCDE que también estamos muy lejos del punto óptimo en la mejora del acceso a la orientación. ¿Porqué la orientación y la información no puede llegar a través del teléfono o de Internet? ¿Porqué no se coordinan las distintas administraciones y servicios de educación, formación y empleo para aprovechar sinergias desde una perspectiva orientadora?
La realidad es que la orientación académica y profesional no tiene la importancia que se merece en las políticas públicas locales, autonómicas y centrales.
Prueba de ello es que no existen ni datos. Por no saber no conocemos ni el tiempo necesario para formar a los orientadores, ni los requisitos mínimos que debería cubrir esta formación. No sabemos el dinero dedicado a la orientación y a la formación de los orientadores. Los recursos están dispersos en administraciones educativas, de formación y de empleo. No existen criterios ni instrumentos de evaluación de la orientación. Ni en el ámbito público ni el el privado.
Y en cambio, decimos que ¡queremos liderar la sociedad y la economía del conocimiento dentro de 5 años!
A pesar de este diagnóstico crítico que se refleja de las conclusiones de los informes de la UE y la OCDE, tengo la sensación de que algo se está moviendo en los últimos años y, por lo tanto, soy optimista respecto al futuro de esta actividad profesional y de las políticas públicas que deben implementarse.
Enric Renau
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