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Concierto Transparente
Editorial
Un sistema educativo tiene que garantizar la igualdad de oportunidades, la promoción de sus alumnos y unos niveles de calidad adecuados, en un entorno democrático y plural. Quien gestione estos centros debería ser irrelevante, mientras se cumplan estos principios y la legislación vigente.
Ello significa que los centros educativos concertados tienen que informar a las madres y padres de "forma precisa y fehaciente” del carácter gratuito de la impartición de la enseñanza primaria y secundaria obligatoria.
Me parece bien que exista transparencia y que las familias que eligen llevar a sus hijos a un centro concertado sepan que parte de la enseñanza es financiada entre todos a través de los presupuestos públicos y que parte es aportada directamente por ellos.
Según entiendo, si los padres y madres conocen de antemano el modelo educativo y las condiciones económicas de un centro, pueden decidir si encaja con sus valores y posibilidades. En caso afirmativo, parece obvio que asuman el conjunto de gastos que ello conlleva, siempre que éstos hayan sido aprobados y comunicados previamente.
Un concierto "a la carta” de cada uno de los padres siempre se puede hacer, pero ello significa que determinadas actividades, servicios adicionales y horas de complemento escolar no deberán ser prestados a una parte del alumnado, lo que conllevará una serie de nuevos gastos o bien para los centros o bien, como sería lógico, para las familias.
El hecho es que los centros educativos concertados tienen que cuadrar los presupuestos y la variabilidad en los ingresos va a complicar su viabilidad. También tendrían que cuadrar los números en los centros públicos, pero en el sistema actual, los ingresos y los gastos generales de las escuelas e institutos públicos y su viabilidad no dependen estrictamente del número de alumnos/as matriculados.
Por ello, cuando las sentencias judiciales exigen -con razón- la máxima transparencia en las cuentas de los centros concertados, creo que ha llegado el momento de señalar que el sistema educativo español también tiene que presentarse públicamente de una forma sincera.
La trasparencia tiene también que llegar a las cuentas de la educación obligatoria en España. Educación pública y educación privada concertada.
Si los números que dispongo no son incorrectos, la financiación por alumno/a de un centro concertado es sólo del 60% del que percibe un alumno de una escuela pública. Este "ahorro” de las administraciones en el coste de un/a alumno/a, se financia en los centros concertados con los fondos de las familias que ahora la sentencia ha señalado que son voluntarios. Si una parte sustantiva de las familias decide no hacer esta aportación voluntaria, ¿quien va a financiar las escuelas concertadas?
A mi entender, un sistema educativo tiene que garantizar la igualdad de oportunidades, la promoción de su alumnado y unos niveles de calidad adecuados, en un entorno democrático y plural. Quien gestione estos centros debería ser irrelevante, mientras se cumplan estos principios y la legislación vigente. En consecuencia, la financiación por alumno/a debería ser similar.
Evidentemente, las desigualdades, los efectos de fenómenos como la inmigración y la atención específica de las diferencias educativas, culturales, lingüísticas, etc. en los centros y en las comunidades autónomas deberían verse corregidos con financiación extraordinaria, pero también con transparencia, no sea que estas diferencias en el gasto por alumno/a oculten ineficiencias o privilegios del sector público.
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