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Sentido común
Artículo de opinión
Otro aspecto que a nadie se le escapa es que el sistema educativo español está en crisis: ni a los docentes de los diversos niveles, ni a los alumnos, ni muchos menos, a los padres. Los índices de fracaso escolar son muy altos y el nivel académico que se alcanza no está en el nivel óptimo en el que deberíamos estar, si los comparamos con el resto de los países europeos.
Fijémonos en las cifras del famoso informe PISA, que elabora la OCDE y que mide el resultado de los alumnos de secundaria de las principales economías del mundo, destaca que nuestros alumnos están por debajo de la puntuación media de los países desarrollados (en el puesto 26 de 34) y que nos posicionan como un país estancado por debajo de la media en educación, incapaz de mejorar en 10 años. ¿Qué hacer?
Puede que para muchos políticos su única respuesta sea un aumento del gasto o anunciar una nueva partida o la construcción de una flamante escuela. En realidad, PISA destaca que lo más importante es el sistema educativo y resalta algunas cuestiones que funcionan allí donde se aplican, como aumentar la autonomía de las escuelas (en detrimento de los políticos, no lo olvidemos), incrementar la disciplina o realizar exámenes externos a los centros para evaluar quién lo está haciendo bien y quién no.
Pero ¿qué falla en el sistema educativo español? ¿el modelo de participación tal y como lo establece en la LOE? Modelo en el que las competencias asignadas a los centros públicos y concertados al Consejo Escolar, como: la aprobación y evaluación tanto del proyecto educativo como el de gestión del centro, así como sus normas de organización y funcionamiento y su programación general anual.
Entrar en discusión del por qué no funciona sería llevarnos al clásico pedaleo teórico sin llegar a dar soluciones. Lo que es evidente es que lo que NO funciona se debe de mejorar. Y los Consejos Escolares no funcionan.
Todas las resoluciones importantes que se toman en los centros escolares deben pasar por el Consejo Escolar, desde la aprobación de los presupuestos, hasta el diseño de las actividades extraescolares que se ofrezcan durante el curso; por tanto, la valoración y la opinión del Consejo Escolar es fundamental para la gestión integral del centro. Pero ¿todos los miembros que constituyen el Consejo Escolar están en disposición de llevar a cabo tan importante tarea?
En definitiva es preguntarse si los miembros del Consejo Escolar saben y conocen los sistemas para diagnosticar las situaciones que se dan en el contexto escolar para alinear la gestión y la organización del centro con la estrategia adecuada y poder ejecutarla, concretar estrategias, proponer los indicadores y metas, ayudar a comunicar las medidas al resto de la organización escolar y definir los objetivos del centro escolar y de cada uno de los miembros del centro. Y todo ello evaluar y concretar los planes de actuación para resolver las dificultades que se van planteando en el normal desarrollo e implantación de las medidas aprobadas, en democrática votación.
Parece evidente que para mejorar la participación de toda la comunidad escolar es muy importante unos mínimos de competencia en lo que se hace y se aprueba.
Debemos de revisar el modelo de participación y aún reinventarlo. Es de sentido común que el Consejo Escolar necesite el conocimiento de las herramientas necesarias que faciliten su labor tal y como están explícitas en la Ley Orgánica de Educación, que faciliten su labor de gestión.
El conocimiento se posiciona como uno de los pasos indispensable para llevar a cabo una eficaz gestión, es el recurso estratégico más importante de una organización, más si cabe siendo el Consejo Escolar el órgano más importante en un Centro Escolar. ¿Están preparados? ¿Son verdaderamente competentes en su labor de gestión? Porque para gestionar y llevar a cabo funciones tan importantes y que determinan las normas de convivencia (por ejemplo) hace falta algo más que la mera observación o el que "me han dicho algunos padres que…."
Los Consejos Escolares deben estar implicados en la captura, procesamiento, organización y almacenamiento del conocimiento que toda la comunidad escolar va generando, con la finalidad de transformarlo en activos positivos que se puedan compartir y ser beneficiosos para todos.
Nadie puede negar que los centros escolares deben promover y fortalecer la participación de los padres en la educación que reciben sus hijos. Ahora bien, para lograr este objetivo es necesario que los centros funcionen eficazmente. Es necesario repasar y mejorar las claves para una buena gestión de los centros, y dar la importancia que se requiere a aquellos órganos que pueden llevarlo a cabo. Es de sentido común. Quien sepa hacerlo que lo haga, debe hacerlo. Lo importante es aceptar el desafío, ocupar estos espacios necesarios y útiles a la hora de resolver dudas e inquietudes y de, principalmente, emprender acciones para el cuidado y la educación de nuestros hijos.
Padres y madres, alumnos, profesores y personal no docente poseen voz y voto en la gestión de los centros, gracias a la representación que todos los sectores de la comunidad educativa tienen en los miembros de los consejos escolares. Desde la aprobación de los presupuestos del centro, hasta la selección o cese del director. También tiene competencia para intervenir en la selección y despido del profesorado del centro. La mayoría de las decisiones importantes que se toman y que se aprueban en un centro educativo deben pasar por este órgano de gobierno.
¿Están cualificados para realizarlo y así conseguir el objetivo que a todos nos debe mover, que no es otro, que mejorar la calidad educativa que reciben nuestros alumnos? ¿Es posible que un alumno tenga la competencia suficiente para decidir en la selección o cese del director? ¿Es de sentido común?
Bajo el amparo de la Constitución Española, en su artículo 27, que establece que "los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos"; se materializa el denominado Consejo Escolar, y constituye el principal instrumento para que toda la comunidad educativa pueda implicarse directamente en la toma de decisiones del mismo, permitiendo que la acción educativa se encamine en una misma dirección, evitando enfrentamientos e incoherencias que pueden repercutir en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos.
Este derecho y obligación de los miembros de la comunidad educativa en la participación en la vida del centro escolar, hay que entenderla como una implicación mental y actitudinal, voluntaria y responsable desde una determinación y participar activamente en todos los procesos que impliquen una mejora del centro educativo, contribuyendo y compartiendo con ella a la responsabilidad de su logro. En este sentido, participar y desenvolver la propia capacidad de asumir unos principios educativos.
En cualquier caso parece de sentido común que la participación social en cualquier institución no debería ir en detrimento de los profesionales de dicha institución. Es más, una institución ofrece mejores servicios a la sociedad en la medida en que sus profesionales son más excelentes. Por eso es muy cuestionable la interpretación que la LODE hizo del artículo 27.7 de la Constitución.
Es una realidad contrastada que el sistema educativo ha sido víctima de un bailoteo político a ultranza. En los últimos años, las reformas educativas se han ido sucediendo en un interminable intento por acabar de destruir el funcionamiento de las escuelas a costa de un descenso de los niveles de exigencias, de la sensación de desconcierto por parte de los docentes, de desamparo legal…, y todo en detrimento de la profesión docente. Tenemos que tener presente que a nivel internacional en política educativa existe un amplio consenso en dos ideas: primero, el aumento en la calidad de la enseñanza se genera en la medida en que el centro escolar se convierte en una estructura de conocimiento; y, segundo, el agente fundamental de tal estructura es el profesor. Dicho con otras palabras, el éxito y la calidad de una escuela reside fundamentalmente en la calidad profesional de los profesores.
Las instituciones educativas están inmersas en un clima de continua desprofesionalización de sus funciones peculiares, de erosión de principios tan consustanciales a la tarea educativa, como puedan ser los de autoridad y ejemplaridad. Los profesores se han convertido en unos meros opinantes junto a otros (padres, alumnos, personal de limpieza) acerca de la enseñanza, métodos, textos, evaluación del rendimiento, etcétera. La tarea fundamental de la escuela ha dejado de ser aquella instrucción educativa defendida por Herbart para convertirse en un «totum revolutum», donde al parecer la parte más importante se la llevan la gestión de cocinas y comedores, autobuses escolares, bibliotecas más diversivas que formativas, reuniones interminables, tensiones, elecciones, campañas.
Las improvisaciones, los dogmatismos, las equivocaciones y las imposiciones de los responsables de las políticas educativas de nuestro país en los últimos años, han conducido a este no saber qué de la enseñanza del que nadie sabe, quiere o puede salir.
El anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), no se trata de una reforma en profundidad sino de retoques puntuales a la actual LOE, y en lo que se refiere al Consejo Escolar tan solo se modifican algunos verbos que definen las competencias de dicho Órgano de Participación.
En lugar de "decidir, aprobar y fijar" se habla de "informar". No cabe duda que la nueva Ley mantiene como muy importante la participación de todos los miembros de la comunidad escolar. Lo que quizás escandalice es que se quiera profesionalizar la propia dirección de los centros, algo en lo que siempre se incide pero nadie se atreve a llevarlo a cabo. Es de sentido común que la responsabilidad sobre el centro la tenga la dirección del centro, responsables en definitiva del impulso de proyectos educativos innovadores y propios, sin que ningún órgano de participación pongan travas cada vez que los equipos directivos pretenden poner algo en marcha, amparándose en el derecho constitucional que les brinda el Art. 27 de la Constitución.
La participación social en las escuelas si, pero ¿es jurídicamente aceptable que unas personas puedan tomar decisiones no ya sólo sobre lo que desconocen, sino sobre unos temas de los que están exentos de cualquier responsabilidad? ¿Quién responde de las decisiones escolares equivocadas que nos han llevado a estar en donde estamos?
El hecho de que el Consejo Escolar pase a ser un órgano consultivo del centro no se puede traducir como el mecanismo político para eliminar la participación social los miembros de la comunidad escolar en la gestión de los centros educativos. Todos, debemos de poner el empeño a través de la participación activa para establecer criterios para una educación de calidad. A mayor participación y proyección de la libertad para alcanzar un bienestar común, mayor participación y viceversa. Y ¿solo podemos hacerlo siempre y cuando la participación se reduzca a meras reuniones establecidas de antemano en la Ley y que produzcan una votación más o menos democrática? En definitiva el poder por el poder sin tener unos objetivos de mejorar la calidad educativa claros y bien definidos.
Nos quitan el poder de decisión, que no el de participación y nos enfadamos y andamos pedaleando sobre quién debe de tener el poder ejecutivo de un centro escolar, en quien en definitiva recaerá la responsabilidad de mejorar el rendimiento escolar. Y todavía nos preguntamos por qué en nuestro país no hay un verdadero consenso social y político en materia educativa.
Hablar de calidad en la educación debería de ser una prioridad permanente, y el modo de mejorar la educación debe suscitar cuestiones fundamentales acerca de los objetivos de la sociedad, la naturaleza de la toma de decisiones de todos los niveles y los propósitos de la escuela como institución. Sin olvidarnos de la eficacia y el papel profesional de los profesores y directores, la propia organización y estructura del currículo y los métodos de evaluación. Hablemos más de los verdaderos factores cualitativos que afectan al rendimiento de la escuela.
Parece de sentido común que las decisiones sobre el funcionamiento de las instituciones escolares corresponde a los órganos de dirección, siendo los profesionales especialistas que se hallan encargados de la tarea de convertir las expectativas de la sociedad en objetivos y estrategias educacionales de calidad y siendo los propios docentes los actores permanentes de los que depende la calidad, los que con su eficacia y dedicación son vitales para el logro de una educación de calidad.
El derecho constitucional de la participación de todos los miembros de la comunidad escolar podrá desarrollarse de forma libre si se sabe utilizar esta libertad para que la educación en nuestro país sea de calidad. Podrá utilizarse esta libertad sólo expresándola y participando de las oportunidades que le brinda el contexto escolar convirtiéndose en generadores de riqueza personal y riqueza pública y así participar en el bienestar común. Es de sentido común.
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