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Asociaciones y sindicatos educativos elaboran manifiestos para reclamar que se valore la educación
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Los sindicatos ANPE, FE.CCOO, CSIF, STEs-i y FETE-UGT han firmado un manifiesto conjunto en el que destacan que las medidas de reducción del gasto "ponen en riesgo el Estado del Bienestar". El texto muestra el descontento de las organizaciones con "los recortes en la educación pública, que están viniendo tanto por el empeoramiento de las condiciones de trabajo del profesorado (reducciones salariales, aumento de la jornada laboral, recortes en otras prestaciones como los complementos en situación de baja por enfermedad, etc.)". En este sentido, se muestran contundentes en afirmar que "no podemos aceptar ni los recortes salariales ya aplicados, ni los nuevos que pretenden aplicarnos, ni el empeoramiento de nuestras condiciones laborales, que además van a impedir que más de 50.000 universitarios recién titulados se incorporen en los próximos años al sistema educativo público." Según su parecer, "hay que financiar adecuadamente la enseñanza pública, hay que protegerla de los recortes presupuestarios y de las consecuencias de la mala gestión de la crisis económica."
El sindicato CSI-F también han elaborado su propio texto en el que reivindican la importancia de la huelga convocada el pasado 22 de mayo, porque consideran que "las medidas adoptadas por el Gobierno y el MECD en Educación justifican el descontento y la indignación de todos sus profesionales. Este malestar no sólo viene por el ataque contra sus condiciones laborales y salariales, sino, lo más importante, por el grave retroceso que dichas medidas supondrán para la educación española." Según Antonio Martínez, presidente de Enseñanza en Madrid de dicho sindicato, la clave es contar con "buenos gestores", ya que el déficit público que tiene nuestro país, "no es culpa de los funcionarios docentes, sino de las políticas innecesarias y desafortunadas de las distintas administraciones." Tal y como recoge el manifiesto, "el control de gasto de las distintas administraciones debe ser un hecho constatable y de obligado cumplimiento y exigir responsabilidades a quienes, con su irresponsabilidad, han incrementado desmesuradamente el déficit en sus respectivos ámbitos."
Por su parte, la Plataforma en Defensa de la Educación Pública de Cantabria se muestra más contundente en sus afirmaciones, pues advierte en su manifiesto que los recortes "cercenan" y "amputan" la enseñanza, a la que están sometiendo a un "ataque sin precedentes".
El Col·legi de Pedagogs de Catalunya ha elaborado un manifiesto para mostrar su desacuerdo con las medidas adoptadas y reclamar el papel clave de la educación y los profesionales del sector en el desarrollo social. El manifiesto quiere "dejar constancia, una vez más, de la arbitrariedad de la decisiones que se toman sobre educación, fruto de decisiones políticas oportunistas que nata tienen que ver con lo que es realmente importante: una educación de calidad para niños, jóvenes y adultos."
En la misma comunidad autónoma, CCOO aporta datos sobre el impacto de los ajustes presupuestarios en las plantillas de los centros educativos; en concreto, las medidas supondrán la pérdida de más de 3.000 puestos de trabajo públicos.
Por último, en otras regiones como Extremadura, el sindicato PIDE ha difundido una carta dirigida a las familias en la que informa sobre "la degradación que van a sufrir los centros de enseñanza debido a los recortes del Gobierno central y extremeño" y solicitan la colaboración de padres y madres para apoyar las movilizaciones. El sindicato de profesorado muestra los 10 puntos clave para entender cómo afectará la reforma a la calidad de la enseñanza, como por ejemplo el aumento de la conflictividad en las aulas debido al incrementos de alumnado por clase; la probabilidad de que se cierren centros educativos y las bajas no cubiertas de profesorado.
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