En el momento de redactar este artículo ya se conoce el alcance de la huelga general convocada por los sindicatos para protestar contra la reforma laboral, el plan de modificar el sistema de pensiones en España y el ajuste del gasto.Para los sindicatos ha sido un éxito, especialmente en la industria y el transporte, y el gobierno socialista, para no enfrentarse contra las centrales, calla, de momento. No quiere excitar a los que son sus votantes potenciales.
Lo que parece claro es que la Ley de reforma del mercado de trabajo no va a modificar drásticamente la capacidad de creación y estabilización de empleo. Un estudio de Infojobs.com, con la colaboración de DEP Instituto señala que según el 70% del personal directivo de las empresas de España la reforma no ayudará a crear puestos de trabajo. El 74,6% considera que tampoco frenará la destrucción de empleo y el 68,4% que no ayudará a aumentar el número de contratos indefinidos. Esta opinión es compartida por el colectivo de trabajadores, ya que sólo el 25% de los mismos cree que la reforma generará empleo. Asimismo, solamente el 32% opina que la reforma reducirá la temporalidad.
Esta Ley es consecuencia de la crisis, por un lado. De la falta de consenso entre sindicatos y patronal y de la incapacidad del Gobierno de liderar una reforma estructural que fomente la creación de empresas, la mejora de la productividad de las vigentes, con una apuesta real por la innovación y la tecnología y la internacionalización. La Reforma tampoco da respuesta a la mejora de la flexiseguridad en las empresas, es decir, a adaptar horarios y calendarios de los trabajadores en las organizaciones, según las necesidades de cada persona y de cada empresa sin que ello precarice el puesto de trabajo ni signifique la pérdida del mismo.
Pero la huelga y la queja social es consecuencia también de otras cosas. De la Ley. De la reducción de sueldos públicos. De la destrucción del tejido industrial y empresarial. Del miedo al futuro inmediato y de la voluntad de presionar al gobierno para que las medidas que se tomen en los próximos años ante una crisis que no cesa, no afecten otra vez a los mismos colectivos.
Ello no significa que la huelga general sea justificada. Creo que el país y sus empresas no se la pueden permitir, aunque aquí parece que no pasa nada.
¿Quién atiende a los enfermos y educa a los niños? ¿Quién transporta de un lugar a otro a los ciudadanos? ¿Quién compra y quién vende? Unas empresas ya tocadas por sus resultados desde hace al menos dos años, sufren un nuevo parón. Unas administraciones con largas listas de espera, expedientes acumulados y juicios pendientes, también se lo permiten todo.
Mi reflexión parte del respeto al derecho de huelga pero pretende que cada uno de nosotros tome consciencia del entorno económico y social en el que nos encontramos.
Si la huelga sirve para encontrar soluciones compartidas y sólidas, bienvenida sea.
Si sólo sirve para enfrentar más las partes y expresar las quejas, habremos perdido el tiempo.
Enric Renau
Editor
