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Ideas para un impulso al nuevo modelo de Formación Profesional para el Empleo

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José Luis Salguero Romero. Presidente de AENOA (Asociación de Entidades Organizadoras de Formación Continua)
El actual Acuerdo de Formación Profesional para el Empleo ofrece una Formación Continua de Oferta diseñada para que los agentes sociales (CC.OO., UGT, CEOE, y CEPYME) controlen la financiación en exclusividad, excluyendo la participación directa de los profesionales de la formación (Centros de Estudios y empresas de formación).

Paralelamente convive con una Formación de Demanda (Formación bonificada en los seguros sociales), donde puede participan todo tipo de empresas (excepto las entidades públicas), y proporciona a los trabajadores los conocimientos adecuados a los requerimientos del mercado de trabajo. Es un modelo flexible, que permite a las empresas la posibilidad de utilizar su crédito de formación asignado.

En este modelo de formación bonificada, las empresas y los trabajadores pueden elegir directamente a sus proveedores de formación en base a sus verdaderas necesidades, pudiendo contratar los cursos directamente a empresas especializadas en formación (Centros de Estudios o Gestoras), evitando de este modo a los intermediarios. Tiene el inconveniente de que es obligatoria la participación de la Tesorería General de la Seguridad Social, ya que los costes de formación se recuperan mediante las bonificaciones de los TC de las empresas.

En todo el proceso de reformas y mejoras se insiste en conjugar la realidad autonómica de nuestro Estado, lo que dificultad su propia implantación y la lentitud en el diseño de instrumentos, ya que siempre se busca el consenso y beneplácito de las 17 Comunidades Autónomas. Además, la formación se plantea dentro del sistema de negociación colectiva de carácter sectorial estatal (diseñando algunos planes formativos en función de los sectores de actividad económica).

Por ello, en la "hoja de ruta” que impulsa el nuevo modelo de Formación Profesional, se debe quitar protagonismo a los agentes sociales en su participación en la planificación a través de la Fundación Tripartita, en no fijar los criterios en la Comisión Estatal, no planificar la oferta de formación, ni participan en la gestión.

Se debería intentar que la Formación Continua en España no esté controlada y guiada en su mayoría por los sindicatos CC.OO. y UGT, y la patronal CEOE y CEPYME, y que la configuración de la estructura organizativa no se duplique debido a que participan al mismo tiempo Administraciones Públicas de ámbito estatal y autonómico.

Además, en el reciclaje de los profesionales se debería utilizar los medios, instrumentos y experiencias de los verdaderos profesionales del sector, apartando los "intrusos” como los agentes sociales, Ayuntamientos, Diputaciones, Cámaras de Comercio, …ya que hacen una competencia desleal.
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