La Generalitat de Catalunya aprueba el proyecto de la Llei d'Educació

Redacción de Educaweb.com
01/09/2008

El gobierno de la Generalitat de Catalunya aprobó el pasado 29 de julio de 2008 el nuevo proyecto de Llei d' Educació.

El texto deberá ser aprobado por el Parlament en septiembre y Ernest Maragall, el conseller d'Educació, prevé empezar a aplicar la ley durante el curso 2009/2010.

Durante el proceso de redacción del texto legal, el Conseller ha tenido que debatir ciertos aspectos con los otros grupos políticos, sindicatos educativos y agentes relacionados. Finalmente, se ha aprobado a pesar de la oposición del socio de gobierno Iniciativa Verds. Los principales contenidos del Proyecto de ley son:

Escolarización obligatoria:

Aunque inicialmente se propuso introducir la escolarización obligatoria a partir de los 3 años, la medida no tuvo la aceptación necesaria por parte de la comunidad educativa para ser incluida en el texto. Se mantiene la creación de centros públicos integrados que escolaricen al alumnado desde los 3 a los 18 años.

La escuela pública:

Una de las novedades del texto es la descentralización de la escuela. Se traspasarán competencias a los ayuntamientos y se establecerán zonas educativas como nuevas unidades de planificación.

Autonomía de los centros

El Proyecto de Ley quiere potenciar la autonomía de los centros educativos para que puedan desarrollar proyectos que se adapten a las características y la realidad de su entorno. La autonomía pedagógica permitirá a los centros introducir cambios en el currículum en función de sus necesidades y teniendo en cuenta el marco general fijado por la administración.

Este ha sido uno de los puntos más polémicos del anteproyecto, pues los centros concertados consideraban que se debía definir de forma más explícita su autonomía a la hora de diseñar y aplicar sus respectivos proyectos educativos y también durante los procesos de preinscripción del alumnado.

Profesorado

La ley quiere impulsar la creación de cuerpos docentes de la Generalitat a partir de un nuevo modelo de oposiciones que, además, reconocerá la carrera profesional en la que prime el mérito por encima de la antigüedad.

Finalmente, el proyecto renuncia a introducir un año de prácticas autorizadas para obtener la titulación y la idoneidad profesional tal y como había pensado en un inicio, debido a las dificultades para gestionar este aspecto.

En cuanto a la dirección del centro y de equipos el proyecto considera a los directores como "autoridad pública”. Asimismo, si los candidatos a director/a quieren formalizar su candidatura deberán realizar un proyecto de dirección, inscrito en el marco del proyecto educativo de centro (PEC).

La Ley también extiende y fomenta la evaluación en todos los ámbitos del sistema educativo, incluyendo la totalidad de centros, los equipos directivos y el profesorado. Se creará una Agencia de Evaluación de la Educación Independiente que fijará unos criterios y elaborará protocolos para la inspección educativa y la evaluación de centros y profesorado.

Escolarización de los inmigrantes

El Proyecto de Ley mantiene que un porcentaje de alumnado inmigrante pueda ser escolarizado en centros públicos y concertados de la misma zona, aunque no se establece una proporción máxima. Como novedad introduce la aportación de recursos adicionales en todos los centros que integran el servicio público en función de sus características socioeconómicas, la ubicación y la tipología de las familias.

Lengua

Otra de las principales novedades de la Ley es la incorporación de un título específico sobre el régimen lingüístico que determina las competencias del Departament d'Educació a la hora de definir el currículum de la enseñanza de lenguas y la regulación del marco horario.

En este apartado se regula la necesidad de que el personal docente y no docente tenga competencias lingüísticas en catalán y castellano, las responsabilidades sobre los usos lingüísticos en los centros educativos, el uso y fomento del catalán, etc. Los centros tendrán que elaborar un proyecto lingüístico

A lo largo de proceso de elaboración de la Ley han surgido diferentes iniciativas de protesta y oposición al proyecto. En junio, las escuelas concertadas presentaron 225.000 alegaciones contra el anteproyecto y los sindicatos y asociaciones de estudiantes anuncian movilizaciones para el mes de septiembre.
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