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El Gobierno consulta a las comunidades autónomas sobre la formación continua para trabajadores y la ocupacional

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El Ministerio de Trabajo ha remitido a las comunidades autónomas el borrador de Real Decreto por el que se regula el sistema de formación profesional para el empleo, con objeto de que formulen alegaciones, observaciones y propuestas, con lo que se abre un proceso de negociación para alcanzar el mayor nivel de acuerdo.


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Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales / La Vanguardia
El proyecto de Real Decreto sobre la formación profesional se ha elaborado siguiendo las líneas marcadas en el Acuerdo firmado el pasado 7 de febrero, por el Gobierno y los interlocutores sociales, en el marco del Diálogo Social, y en el que se establece un nuevo sistema de formación profesional que integra en un marco único la formación continua, dirigida a los trabajadores, y la ocupacional, destinada a los parados.

Este acuerdo es fruto de la Declaración del Diálogo Social firmada en julio de 2004 por el Gobierno y los interlocutores sociales, en el que se establecía que los firmantes analizarían las necesidades de formación de los trabajadores que han de atenderse desde el ámbito estatal, preservando los ámbitos de participación de las organizaciones empresariales y sindicales y posibilitando la participación de la gestión de las comunidades autónomas.

Según recogía el diario La Vanguardia el pasado 7 de mayo, el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, se ha comprometido a escuchar las demandas de las comunidades autónomas a la hora de tramitar el texto del decreto sobre formación profesional. Con ello, el ministro quiere salir al paso de la denuncia realizada por el portavoz parlamentario de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, que advirtió que si se aprueba el decreto tal y como está "sería una burla a los términos en que hemos pactado el Estatut con el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero”.

En lo referente al marco presupuestario, en el año 2004, el Estado se reservó para contratos programas estables el 63% de los fondos destinados a esta iniciativa y transfirió a las comunidades el 37% restante. En el caso de las acciones complementarias el reparto fue al 50%. En 2005 los fondos para subvenciones quedaron distribuidos al 50% entre el Estado y las comunidades, por lo que se adelantó en un año, ya que el compromiso acordado con las comunidades autónomas y que estaba fijado para 2006.

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