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La evaluación del profesorado

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El Mundo Universidad

La mayoría de los esfuerzos realizados para la implantación del Espacio Europeo en Educación Superior (EEES) se han centrado en cambios estructurales de los estudios y en la distribución horaria de las actividades, de acuerdo con la evolución del crédito español al europeo basado en el sistema ECTS.

Así, se ha concretado la publicación en el BOE de los Reales Decretos sobre el grado y posgrado, créditos europeos y suplemento europeo al diploma. Se hace cada vez más necesario que el factor humano sea considerado de forma sistemática.

El éxito o fracaso del proceso de convergencia europea se fundamentará en la actitud y aptitud de seis colectivos: profesores, estudiantes, agentes sociales, PAS, responsables académicos y responsables políticos. El profesorado no es, pues, el único colectivo que lleva el peso del cambio, aunque su contribución es decisiva.

La evaluación del profesorado se centró en el pasado de forma casi exclusiva en el ámbito de oposiciones y concursos para el ingreso en los cuerpos de funcionarios docentes, caracterizados por una ausencia de criterios explícitos de evaluación lo suficientemente transparentes para conocer las verdaderas reglas de juego.

Hay que reconocer que criterios genéricos como la valoración de la actividad investigadora, al menos al doble que la docente han marcado el devenir del profesorado universitario español en las últimas décadas, de tal forma que la docencia se ha visto relegada y considerada como una carga que hay que sobrellevar; en definitiva, una pérdida de tiempo de cara a una promoción profesional.

De hecho, el diferente tratamiento de la concesión de tramos investigadores (CNEAI) y docentes (universidades y Gobiernos Autonómicos) pone de manifiesto la necesidad imperiosa de un cambio cultural, en el que la actividad docente sea plenamente evaluada y reconocida.

La evaluación debe plantearse de forma integral y no compartimentada, considerando todas las actividades del profesor: docencia, investigación, gestión y prestación de servicios en una fórmula ponderada y clara en la que todo perfil pueda verse reflejado. La evaluación de la actividad investigadora está bien establecida y generalmente aceptada. Por el contrario, la de las demás actividades es, salvo notables excepciones, una asignatura pendiente que debe ser urgentemente abordada.

Particularmente preocupante es la evaluación docente del profesorado, que no tiene un planteamiento general y sistemático por su dificultad técnica intrínseca y la necesidad de que sea la propia institución la que la realice. No cabe duda de que es un reto que debe abordarse para revitalizar la función docente, que es esencial para garantizar el éxito en la implantación del EEES. Pero la evaluación docente debe contextualizarse con otras acciones, tales como la formación/implicación, el reconocimiento de esta actividad y el establecimiento de incentivos docentes.

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) ha desarrollado un nuevo modelo de evaluación para la contratación de candidatos a plazas de PCD, PAD, PC y PUP. Los principios básicos que lo sustentan son: simplificación, rapidez, transparencia, apoyo permanente a los solicitantes y adaptación progresiva a la realidad docente e investigadora de la Universidad.

Los criterios de evaluación contemplan las especificidades concretas para grupos de áreas afines dentro de una troncalidad común para cada figura contractual. Es destacable el peso específico de los méritos docentes, lo que no es incompatible con el perfil medio de, por ejemplo, los contratados Ramón y Cajal.

Otro reto será la habilitación no presencial para plazas de profesores titulares y catedráticos, anunciada con la modificación de la LOU. En el diseño del nuevo proceso de evaluación se considera imprescindible que existan unos criterios cuantificados en baremos transparentes y adaptados a cada campo del saber, de tal forma que los interesados puedan autoevaluarse previamente para conocer sus posibilidades. Así se desterrarían los planteamientos, con frecuencia viciados, de algunas comisiones/tribunales, que han supuesto un mal endémico del sistema universitario español.

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