El pasado mes de agosto, el Ministerio de Justicia modificó el artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del menor. El cambio introducido establece que el Certificado de antecedentes penales será un requisito indispensable para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores.La medida afecta a docentes, pediatras, monitores de tiempo de ocio y a todos los profesionales que trabajen con niños o jóvenes menores de edad, y tiene como objetivo evitar el acceso a estas profesiones a los delincuentes sexuales. Para los profesionales de origen extranjero la ley establece que «además deberán aportar un certificado negativo de antecedentes penales de su país de origen o de donde es nacional, traducido y legalizado de acuerdo con los Convenios internacionales existentes». El siguiente paso es la creación de un Registro Central específico de delincuentes sexuales, cuyo proceso se ha iniciado en diciembre.
El Ministerio de Educación ha trasladado la petición a las comunidades autónomas para que apliquen la petición del certificado cuanto antes. Por su parte, los diferentes gobiernos autonómicos han derivado las instrucciones a los centros y a las organizaciones patronales. En algunas comunidades, como Catalunya, la aplicación de la norma ha coincidido con la apertura de la lista de interinaje y ha saturado la única oficina del Ministerio de Justicia en Barcelona en la que se puede solicitar el certificado. Para evitar aglomeraciones el Departament d'Ensenyament ha prorrogado el plazo para presentar el certificado hasta el 23 de marzo.
Por su parte, los sindicatos consideran que la petición del certificado de antecedentes penales no cumple con su función, ya que se trata de un documento genérico que incluye datos que no resultan relevantes como los delitos de tráfico o fiscales. Los representantes de CCOO afirman que «estamos completamente de acuerdo con el espíritu de la ley, con el fondo de la cuestión, que no es otro que evitar que haya personal con antecedentes por delitos sexuales en contacto con los niños. Pero, no podemos admitir que, para que eso se garantice, se obligue a los trabajadores a aportar un certificado de antecedentes genérico, incluyendo información sensible que puede ser utilizada en contra de los intereses del trabajador por los empleadores». Desde su punto de vista, la solución pasa por agilizar el Registro de Delincuentes Sexuales y garantizar que la administración tenga acceso inmediato a este tipo de información.
