El Departament d'Ensenyament y el de Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya están trabajando conjuntamente para elaborar el anteproyecto de la Ley del Sistema de Formación y Calificación Profesional de Catalunya, que tiene como objetivo diseñar un sistema más integrado que favorezca "la nueva ocupación y la promoción de los trabajadores".La norma regulará la Formación Profesional (FP) inicial y también la formación permanente a lo largo de la vida, y buscará más participación con la empresa, tanto en la correspondencia entre las titulaciones y las necesidades empresariales, como en la financiación. Una de las medidas incluidas en la nueva ley es la creación de un sistema de certificados que permita a los trabajadores sin titulación, obtener un título cuando acumulen suficiente experiencia y demuestran el dominio de las competencias del oficio en cuestión.
La principal diferencia con el actual sistema de acreditación de competencias es que todos los organismos que ahora imparten ciclos o módulos formativos, ya sean pertenecientes a Ensenyament o a Empresa i Ocupació, actuarán de forma coordinada, de manera que un adulto que quiera reciclarse formativamente pueda acudir tanto a un instituto público como a un centro concertado por el Servei d'Ocupació de Catalunya.
Esta nueva situación puede ser difícil de gestionar. Para Cristina Faciaben, secretaria de socioeconomía de CCOO, a partir de ahora será necesario «estar muy vigilantes a algunas líneas rojas, como por ejemplo, que la formación dual se haga con contratos laborales o que, además de las empresas, también los trabajadores puedan detectar necesidades formativas y proponer módulos o cursos».
