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Retos para la evaluación, reconocimiento y acreditación de la competencia profesional

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Elías Amor Bravo. Director de la Fundación Servicio Valenciano de Empleo
La evaluación de la competencia profesional prevista en la Ley 5/2002 de las Cualificaciones y la Formación Profesional se abre camino como uno de los retos más importantes para el sistema de formación y empleo en España.

La norma perfiló un mecanismo de evaluación, reconocimiento y acreditación de la competencia profesional para permitir a personas trabajando o en situación de desempleo obtener una cualificación relativa al Catálogo nacional. Por medio del estándar de las cualificaciones, las personas participantes en los procesos de evaluación podrían determinar si su competencia, adquirida con la experiencia laboral o cualquier procedimiento de formación, se ajusta o no al contenido de la cualificación, y adoptar las medidas compensatorias en materia formativa que permitan alcanzar el reconocimiento en su totalidad.

El proceso de evaluación, reconocimiento y acreditación de la competencia es un mecanismo fundamental para aflorar los niveles de ejecución y desempeño de la población laboral del país que carece de un reconocimiento académico para su trabajo. Las estadísticas confirman que un elevado porcentaje de la población ocupada no posee acreditaciones, títulos o certificados académicos para desarrollar sus funciones en las empresas, o que, en muchos casos, la actividad profesional no se corresponde con la titulación conseguida. Sin embargo, eso no significa que los procesos productivos no se desarrollen con los niveles de eficacia y eficiencia que se exigen por las tecnologías. Ese desencuentro entre competencia laboral y reconocimiento académico tiene que ser resuelto.

Para producir el ajuste entre las cualificaciones de los puestos de trabajo y las necesarias para el desempeño eficiente de las funciones laborales, el Catálogo ofrece a los trabajadores la posibilidad de someter su competencia a un estándar de referencia que ha sido aprobado por los agentes económicos y sociales tras un proceso de contraste externo y evaluación.

Aunque queda aún mucho camino por recorrer en este ámbito, los Institutos autonómicos de cualificaciones parecen ser los organismos más adecuados para desarrollar estas tareas en sus respectivas circunscripciones, ofreciendo a los trabajadores convocatorias regulares y dispositivos para facilitar la participación en los procesos de evaluación, reconocimiento y acreditación. Las pruebas realizadas hasta la fecha, con carácter experimental, vienen a confirmar en esencia, los resultados ya obtenidos con el denominado Proyecto ERA en 2001-2002, en el que participó la Administración del Estado con las Comunidades autónomas por primera vez en este tipo de experiencias.

No cabe duda que la generalización del proceso de evaluación, reconocimiento y acreditación de la competencia profesional va a suponer un importante estímulo para el desarrollo de los recursos humanos en las empresas, la capitalización más adecuada de los planes de formación, la puesta en práctica del aprendizaje a lo largo de la vida de forma continua, y el ajuste entre las necesidades del tejido productivo y los planes de formación. Incluso, la intermediación laboral, como una de las políticas activas de empleo, fundamentales se puede ver notablemente beneficiada con el desarrollo el proceso de evaluación.

Por todo ello, en este momento, es preciso dar todo el apoyo a las experiencias de evaluación, reconocimiento y acreditación de la competencia y contribuir a su máxima difusión entre la población laboral del país.

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