En España hay 2,4 millones de empleados públicos de la administración central, autonómica y local. Su estatuto laboral se basa en normas de 1965, cuando el dictador Franco aún coleaba.En 2007 los funcionarios dispondrán de una nueva norma básica que definirá sus derechos, deberes y condiciones de trabajo. La evaluación positiva del desempeño del empleado público como condición para la permanencia en el puesto, el derecho a la negociación colectiva y el derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar son las principales novedades.
En relación con el mundo profesional de la educación, vale la pena destacar que:
Vale la pena señalar que los motivos que llevaron a crear la figura del funcionario público hace ya un par de siglos han quedado superados por la evolución del papel del Estado y de la economía. Parece obvio que, por ejemplo, en el campo de la educación se fomente la estabilidad y la promoción de aquellas personas que vocacionalmente están dedicadas a prestar un servicio público.
Pero también parece de recibo que ello no debe comportar un privilegio respecto al resto de los trabajadores, sino un mayor empeño en aportar lo mejor de cada uno en el bienestar común.
Seguridad laboral y eficiencia no tienen porqué ser incompatibles. Promoción y evaluación del rendimiento tienen que avanzar al mismo ritmo y de forma convergente.
En el campo de la educación se han hecho algunos pasos importantes, pero queda mucho por avanzar.
Enric Renau
editor
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