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Nuevas protestas contra la LOE mientras el senado debate más de 900 enmiendas a la ley
Noticia
El Senado debate 927 enmiendas a la LOE y dos vetos, del PP y del Grupo Mixto. El PSOE propone incorporar a la FEMP al Consejo Escolar del Estado, mientras que los populares plantean que la ley recoja "expresamente" el derecho a recibir formación en castellano. Por su lado, la "Plataforma LOE-NO” ha anunciado movilizaciones porque la LOE perjudica a la escuela concertada. La Confederación de STEs-i se movilizará por razones opuestas, al considerar que aumentan los privilegios de la concertada.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Educación y Ciencia del Senado, el secretario general de Educación, Alejandro Tiana, reconoció la posibilidad de que el proyecto se mejore en el Senado, con la incorporación de enmiendas técnicas, pero no modificaciones que cambien radicalmente la ley. Asimismo, quiso destacar la introducción de medidas de prevención, apoyo y refuerzo, como el Plan Proa, la atención a la diversidad y las actuaciones de transición gradual y ordenada de la Primaria a la ESO, así como insistió en el carácter educativo de la etapa Infantil. Para favorecer el aprendizaje a lo largo de la vida, señaló que la LOE introduce la flexibilidad en los recorridos académicos, la validación de la experiencia y la formación no formal.
Enmiendas socialistas
El socialista Manuel Pezzi especificó que las 52 enmiendas de su grupo son en su mayoría de carácter técnico y mantienen el respaldo básico alcanzado en el Congreso por todas las fuerzas políticas, excepto el PP. Tras afirmar que la LOE es muy respetuosa con el marco constitucional y con las competencias autonómicas, aludió a la memoria económica que prevé una inversión de 7.033 millones de euros hasta 2010. También destacó la enmienda que propone que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) forme parte del Consejo Escolar del Estado.
Otra de las enmiendas determina que los resultados de las evaluaciones del sistema educativo, autonómicas o estatales, no podrán utilizarse para valoraciones individuales o para establecer clasificaciones de los centros. El grupo socialista también pretende que los nuevos procedimientos de admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos se aplicarán a partir del curso 2007-08. Por lo que se refiere al profesorado, propone que los docentes funcionarios de carrera que cumplan los requisitos para la jubilación anticipada voluntaria, excepto el de pertenecer al régimen de Clases Pasivas, puedan incorporarse a éste en el momento de solicitar el retiro.
Enmiendas del PP
Por su parte, el grupo Popular propone clases voluntarias de recuperación en el verano dirigidas a alumnos de Primaria, Secundaria y FP que suspendan asignaturas al terminar el último curso, que se financiarían a cargo de un fondo de cohesión interterritorial. También se muestra partidario de que la LOE recoja "expresamente” el derecho a recibir formación en castellano, además de en las lenguas cooficiales e insiste en que el contenido común sea igual en todas las comunidades autónomas. Además apuesta porque el máximo de suspensos sean dos y no tres, como fija el proyecto de ley, y garantizar la recuperación en septiembre. Así como, propone la gratuidad del Bachillerato y que los padres dispongan de ayudas para la educación de los menores de 18 años.
LOE y Estatut
Entesa Catalana de Progrés, que reúne PSC, ERC e ICV, y CiU presentan enmiendas para que la nueva Ley precise las competencias de las administraciones central y autonómicas. Según fuentes de CiU, se trata de que, una vez aprobado el estatuto autonómico catalán, no tenga que modificarse la LOE.
Cohesión social
Tras la presentación del veto al proyecto de ley por parte del PP, la ministra de Educación Mª Jesús San Segundo ha pedido a este partido "responsabilidad”, en lugar de "fabricar eslóganes” y que colabore con los otros grupos políticos para la mejora del sistema educativo. De igual modo, la ministra defiende una "sociedad cohesionada desde la escuela, sin divisiones por motivos lingüísticos” y recordó que las leyes y los tribunales garantizan la enseñanza del castellano en Cataluña, igual que en el resto de comunidades autónomas con lengua cooficial. No obstante, matizó que se debe hacer "sin aulas separadas y sin segregar a la población también por razones lingüísticas”.
Nuevas protestas
Las organizaciones que integran la "Plataforma LOE-NO”, encabezadas por la confederación de padres católicos CONCAPA, la patronal CECE y la Federación de Enseñanza de USO, han entregado 80 propuestas de enmiendas a los grupos parlamentarios del Senado, para que las tengan en cuenta durante la tramitación de la Ley en dicha Cámara. Y han anunciado su intención de organizar el próximo 1 de abril un "acto masivo” el la plaza de toros de Vista Alegre de Madrid, para explicar que "es posible otra educación”.
El consejero de la CONCAPA, Eduardo García ha manifestado a la salida del Senado que tiene "escasas esperanzas” de que prospere alguna de las enmiendas que han planteado, porque "esta ley ya estaba pactada de antemano, sobre todo con las comunidades autónomas y los partidos nacionalistas”. Y ha aclarado que cuentan con el apoyo del PP "un poco de CIU y, en algunas cuestiones, del PNV, salvo en el tema de las competencias”. Por su parte, la presidenta de la CECE, Isabel Bazo, ha vuelto a pedir la dimisión de la ministra de Educación, "ya que está desaparecida y su Ministerio ha convertido la LOE en un objeto de negociación exclusiva entre partidos políticos”.
Otras movilizaciones
La Confederación de STEs-Intersindical también va a continuar movilizándose contra la LOE, aunque por razones más bien opuestas a las que esgrime la "Plataforma LOE-NO”. STEs-i ha celebrado una concentración de sus delegados ante la sede del MEC en Madrid el pasado día 19, y ha convocado una jornada de lucha para el día 22, mediante asambleas informativas, concentraciones, encierros y manifestaciones. Considera que durante su tramitación en el Congreso la ley "ha pasado de insuficiente a deficiente ya que ha empeorado claramente, y los grupos que la apoyaron han cedido a la gran mayoría de las reivindicaciones de la derecha educativa y de las patronales de la enseñanza privada”.
Los STEs-i han planteado 138 modificaciones a la LOE en el Senado, y temen que el texto puede "empeorar aún más” durante su tramitación en esta Cámara, "por las enmiendas presentadas por CIU y las presiones de las patronales educativas sobre el Gobierno”. Consideran que "el Gobierno parece haber desistido de la idea de una educación como derecho en igualdad para toda la ciudadanía, desde el momento en que se asegura que la garantía de este derecho no sólo recae en la responsabilidad de los poderes públicos, sino también en la iniciativa social, es decir, la empresa privada que ha negociado la redacción de una ley a su medida”. En definitiva, los STEs-i temen que la LOE suponga "un paso importante en el afianzamiento” de la escuela concertada, al aumentar de forma "desorbitada sus privilegios y su financiación frente a la pública, que atiende a todo el alumnado y por la que los poderes públicos debieran velar”.
Por su parte, la Federación de Enseñanza de CC.OO ha presentado 37 enmiendas, con las que pretende incorporar a la ley "determinados aspectos que contribuirán a su mejora y permitirán dotar de estabilidad al servicio público educativo, garantizando su papel vertebrador y de cohesión social”. Ha recordado a los portavoces de los diferentes grupos del Senado que "con la educación no se juega”, y ha pedido a las administraciones central y autonómicas "un pacto de gasto educativo, basado en la corresponsabilidad y coordinación”. Y ha insistido en la necesidad de "apartar a la enseñanza de las reglas del mercado”, en clara referencia a su postura contra la "Directiva Bolkestein” en la Unión Europea.
La Confederación laica de padres, CEAPA, manifiesta que "por encima de las preferencias de algunas familias en la elección de centro escolar está el derecho de todos a la educación”, y expresa su temor de que, "las enmiendas a la LOE eliminen el control del Estado sobre los centros concertados que financia”. Por todo ello, la CEAPA afirma que "las modificaciones que incorpore el Senado no deben abrir la posibilidad a los centros concertados de continuar con la selección que practican en el proceso de admisión de alumnos, cuando año tras año apenas admiten a hijos de trabajadores inmigrantes, a alumnado con bajo rendimiento académico y demás alumnos con necesidades educativas especiales. Así mismo, -añade- las enmiendas que se admitan no deberán contemplar la posibilidad de escolarizar por separado a niños y niñas”.
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