La educación constituye una materia de tanta trascendencia social que debe ser alejada de la confrontación meramente partidista.

Neus Munté i Fernàndez, Secretaria de ocupación de la UGT de Catalunya

Los resultados electorales del 14-M han situado nuevamente en primera página de la actualidad las decisiones más contestadas y controvertidas de los últimos años de gobierno del Partido Popular y han abierto el debate sobre la necesidad de un cambio de orientación y abordamiento de determinadas políticas.

Por su importancia social en el terreno educativo una de las primeras cuestiones que se ha planteado es relativa a la Ley Orgánica de la Calidad de la Educación (LOCE), ya que existe una opinión bastante extendida partidaria de que el futuro gobierno aplique una moratoria que paralice el calendario de su aplicación. Desde UGT de Catalunya compartimos totalmente esta petición, pero apostamos por ir más allá de la mera congelación temporal de la norma y plantear con serenidad y rigor la necesidad de avanzar hacia un Pacto de Estado por la educación.

Es indiscutible que la educación, uno de los pilares básicos de nuestro estado del bienestar, constituye una materia de tanta trascendencia social que debe ser alejada de la confrontación meramente partidista y abordada con un espíritu de consenso que desgraciadamente ha brillado por su ausencia en los últimos ocho años.

Creemos que debe aprovecharse la oportunidad que se nos brinda a partir de una nueva etapa política para consensuar de una vez por todas un marco jurídico que, en primer lugar, dote el sistema educativo de la estabilidad necesaria para consolidarse como sistema de referencia. Como segundo elemento característico del pacto proponemos que enmarque unos mínimos flexibles que garanticen la integración de todos los aspectos del sistema y que respete escrupulosamente las competencias que las distintas comunidades autónomas tienen transferidas.

Una cuestión del todo prioritaria es la financiación del sistema. Sin un compromiso claro del gobierno de elevar la inversión educativa, a fin y efecto de aproximarla y convergir con la mediana europea cualquier otro esfuerzo seria baldío. Por este motivo pedimos un marco de financiación, a través de una ley pactada con las comunidades autónomas, que garantice un aumento del gasto público en el conjunto de la educación.

La equidad debe convertirse en un principio rector básico del sistema y traducirse en un conjunto de políticas y acciones que superan el ámbito estrictamente educativo para conseguir que la educación sea auténtico factor de progreso y de cohesión social y esté al alcance de todos y cada uno de los ciudadanos sin excepciones de ninguna clase.

Finalmente, y como organización sindical es para nosotros de vital importancia, entendemos que debe ponerse el acento en mejorar las condiciones laborales del profesorado, pieza esencial del sistema educativo. En definitiva, creemos que los problemas y las carencias del sistema ya han sido detectadas y analizadas, las propuestas de mejora existen y han sido muy trabajadas por parte de todos y las consecuencias de las leyes adoptadas sin el necesario consenso y diálogo son por todos conocidas.