¿Cambiará la Ley de Calidad?

Pedro Mª Uruñuela Nájera, Profesor Asociado e Inspector de Educación. Facultad de Educación de la UNED

Una de las preguntas que más se repiten, una vez conocidos los resultados electorales del pasado 14 de marzo, es la relativa a la continuidad y futuro de la Ley de Calidad (LOCE): ¿Continuará adelante esta Ley? ¿Se paralizará su desarrollo? ¿Será sustituida por otra Ley completamente diferente?

Una de las razones que explican esta inquietud hace referencia al modo como fue tramitada la actual Ley; a pesar de tratarse de una ley orgánica, no contó con el consenso de los distintos grupos políticos, sindicales y sociales; a diferencia de otras leyes educativas, la LOCE tampoco contó con un Libro Blanco que recogiera el diagnóstico de los principales problemas del sistema educativo, ni dispuso de un tiempo de experimentación de las nuevas propuestas con vistas a determinar su viabilidad. No es extraño, por ello, que haya gran expectativa, e incluso deseo claro, de que se paralice su aplicación y se dé paso a un periodo de reflexión y discusión de las nuevas propuestas.

Pero la LOCE establece en su Disposición adicional 1ª que el plazo de aplicación será de cinco años, intentando no repetir el error de la LOGSE que alargó durante 10 años su implantación. Entre los Decretos básicos de desarrollo, el relativo al calendario de aplicación establece que en el curso en el que nos encontramos, el 2003-2004, debería publicarse el curriculum básico de las distintas etapas que conforman las enseñanzas escolares, lo que tuvo lugar a lo largo del mes de julio pasado, cuando fueron apareciendo en el BOE los distintos Decretos básicos obligatorios y comunes para todas las Comunidades Autónomas. Para el próximo curso 2004-2005 está prevista la implantación de las nuevas enseñanzas en la etapa de Educación Infantil, 1º de Primaria, 1º y 3º de Secundaria, 1º de Bachillerato y 1º de los Programas de Formación Profesional. Por último, se aplicaría también el nuevo modelo de nombramiento de Directores/as, pendiente en estos momentos de los Decretos que deben desarrollar las distintas Comunidades Autónomas.

No son muchos, por tanto, los cambios previstos y no sería excesivamente perjudicial la paralización de la aplicación de la LOCE; se está muy al comienzo de la implantación y apenas han llegado a los Institutos más medidas que las relativas a la promoción y titulación de los alumnos, estableciendo la necesidad de recuperar aquellas asignaturas pendientes de cursos anteriores y el restablecimiento del concepto de curso frente al de ciclo en 1º y 2º de ESO. Cabe, por tanto, preguntarse qué cosas deberían modificarse y cuáles podrían permanecer, dentro de un consenso básico sobre el modelo educativo que necesita el país, señalando que, en primer lugar, será necesario modificar y ralentizar el calendario de aplicación a través del correspondiente Decreto; nunca como ahora se entiende la famosa frase de "haced vosotros las leyes y dejadme a mí los reglamentos", o, lo que es lo mismo, los Decretos y Órdenes de desarrollo de la misma.

Una de las cosas que habría que recuperar de inmediato sería el carácter educativo de la etapa 0-3 años, superando la mera consideración asistencial con la que la LOCE caracteriza este tramo y unificando de nuevo la etapa de educación infantil desde los 0 hasta los 6 años; la provisión de puestos suficientes para atender las necesidades de esta etapa sería una medida lógica y congruente con esta propuesta. En el mismo sentido, habría que revisar planteamientos que, sin apenas estrenar la Ley, ya han quedado superados, como es el relativo al comienzo de la enseñanza del idioma extranjero en 1º de Primaria, adelantándolo a la etapa infantil. Igualmente, sería necesario revisar el curriculum claramente academicista pensado para esta etapa, retirando del mismo, por ejemplo, lo relativo a la enseñanza de la lectoescritura desde los cuatro años o el inicio al cálculo a la misma edad.

En la etapa de Secundaria, la propuesta de itinerarios debe ser revisada y retirada: desde la nebulosa de los grupos y medidas de refuerzo en 1º y 2º de la ESO, nunca suficientemente aclarados, hasta el establecimiento de itinerarios jerarquizados en 3º y 4º, a los que se acude obligatoriamente en función de los resultados académicos que se van obteniendo, son puntos que han chirriado en muchos de los colectivos vinculados a esta etapa, si bien hay que reconocer que también han sido bien aceptados entre el profesorado más tradicional del nivel de Secundaria. Mantener una enseñanza básica para todos respetando las diversas formas en las que la misma puede llevarse a cabo es el criterio básico para la reordenación de las propuestas relativas a esta etapa; la atención a la diversidad no puede convertirse, como señala la LOCE, en un principio organizativo del alumnado, sino que, por el contrario, debe ser un principio metodológico y pedagógico básico en la actuación profesional de los docentes.

En la misma línea, sería necesario recuperar programas que han demostrado claramente su eficacia y que, incomprensiblemente, han sido suprimidos en la nueva Ley; los Programas de Diversificación Curricular o los Programas de Garantía Social, sin duda con otro nombre, son un buen ejemplo de ello; la propuesta de los Programas de Iniciación Profesional (PIPs en la jerga de la LOCE) pretenden juntar lo bueno de ambos programas, pero no caen en la cuenta de que el resultado puede ser el contrario del buscado: la duración de dos años, la asignación de los mismos al profesorado de Secundaria, el incremento del número de profesores hasta siete frente a los dos de antes o el mantenimiento en 30 del número de alumnos en estos grupos son algunos de los aspectos no tenidos en cuenta en la nueva propuesta.

La obsesión por un modelo de evaluación centrado exclusivamente en los resultados, tanto de cara a los alumnos como de cara al propio centro, es otra de las cosas más llamativas de la LOCE; sin negar la importancia y necesidad de la evaluación como mecanismo de mejora de los centros, es necesario aprender de experiencias ajenas, especialmente de lo ocurrido en otros países del ámbito anglosajón, e insistir en otros modelos centrados en el perfeccionamiento y el desarrollo profesional, y no sólo en la pura rendición de cuentas. En este sentido, sería necesario revisar propuestas concretas, como la de la Prueba General de Bachillerato, la famosa reválida, cuestionándose su utilidad para la mejora y el perfeccionamiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Igualmente habrá que reconsiderar el modelo organizativo propuesto, claramente alejado del modelo participativo, centrado en el refuerzo del papel y perfil del director/a, en la pérdida de competencias decisorias de los órganos colegiados como el Claustro o el Consejo Escolar, a los que incluso se les detrae la competencia de elección del director; es necesaria una discusión en profundidad acerca de las limitaciones y problemas que caracterizan al actual modelo que, con casi veinte años de antigüedad, necesita sin duda ser revisado; pero no de una forma superficial o apenas discutida, sino desde la evaluación en profundidad de sus aciertos y puntos débiles.

Son muchos otros los puntos que se podrían mencionar, como los relativos al tratamiento de los inmigrantes, (verdadera piedra de toque del sistema educativo en los próximos años), del tema de la religión en su doble versión y planteamiento como asignatura, o el refuerzo de los conciertos educativos desde los tres años, extendiendo por primera vez a una etapa no obligatoria el carácter gratuito de la misma; no hay espacio en el presente artículo, y constituye una muestra más de la necesidad de un amplio debate sobre los temas de educación.

Convencidos de la importancia que para el país y las generaciones más jóvenes tiene este tema, no son aceptables los cambios continuos en las normas básicas educativas cada vez que tiene lugar un cambio de gobierno; por el contrario, es necesaria una estabilidad mínima, una continuidad del sistema educativo, basadas en una legislación básica lo suficientemente abierta a todos de manera que todos puedan sentirse a gusto; al igual que sucedió con la Constitución, también aquí tiene que ser posible llegar a un acuerdo fundamental en el que, renunciando todos a alguno de nuestros planteamientos y buscando las coincidencias básicas, demos cabida a todos y podamos dar la estabilidad que la educación necesita.

Pero esto exige un procedimiento de diálogo y negociación que, al menos en esta Ley, ha brillado por su ausencia; insistiendo de manera exclusiva en la función selectiva de los mejores como la más característica de la educación, ha dejado de lado funciones básicas como la de servir de instrumento de compensación de las desigualdades sociales y económicas, o la de estar al servicio de la cohesión social, al servicio de todos los ciudadanos sin excepción, considerándola no sólo como un bien que se puede adquirir en el mercado sino como un derecho básico y fundamental al que no se puede renunciar y que es necesario garantizar a lo largo de todo el proceso de escolarización.

Recuperar, por tanto, el espíritu de diálogo y de consenso es algo fundamental en estos momentos; espero que seamos capaces de conseguirlo.