Cambios en las organizaciones educativas para afrontar los retos de la enseñanza actual

Xavier Chavarria Navarro y Elvira Borrell Closa, Inspectores de Educación de la Generalitat de Catalunya y consultores de la UOC

En nuestro país, de acuerdo al actual ordenamiento jurídico y normativo, así como en relación al contexto socioeconòmico y cultural, el futuro inmediato de las organizaciones educativas debe estar conectado con algunos aspectos que afectan a toda la sociedad a través de la organización del sistema educativo y escolar.

Como ya hemos indicado en otras ocasiones, debería acometerse un gran pacto político y social entre los diferentes grupos y partidos políticos, así como entre los diferentes operadores, agentes, centros, y sectores de la comunidad educativa, para dotar de estabilidad al desarrollo legislativo y asegurar la corresponsabilidad de todas las personas concernidas. Todo ello, con el propósito de equilibrar los beneficios sociales en términos de cohesión, los intereses generales en cada comunidad local -probablemente, llevaría a redefinir las competencias municipales en esta materia- y las expectativas de los usuarios.

Además, dentro de cada organización educativa y, singularmente, refiriéndonos a los centros docentes, se debería actualizar el sentido y significación de los proyectos y propuestas educativas, en orden a que resulten más adecuadas a la realidad de la sociedad que tanto está cambiando en tan poco tiempo.

Pero esto no puede ser meramente retórico y teórico, debe resultar práctico y aplicable. Se debe analizar, para cada centro, cuáles son los retos que debe afrontar, desde la lealtad institucional del servicio a los intereses generales, si se trata de centros sostenidos por fondos públicos. Se trata de preparar ciudadanos para un porvenir incierto, en un contexto marcadamente cambiante, con características de movilidad y comunicación nunca vistas hasta ahora, y en un medio en el que concurren otros elementos comunicacionales y educativos (familias, medios de comunicación, organizaciones de educación no formal, etc.) en proporciones, arraigo, influencia y alcance distintas de los precedentes que podemos recordar.

Además, se supone que la educación que han de proporcionar estas organizaciones escolares a los estudiantes, deberá ser el inicio de la formación a lo largo de toda la vida, y deberá priorizar determinados aspectos básicos y generales impulsando la adquisición de conocimientos a partir de los cuales poder ir construyendo nuevos aprendizajes, así como, también, la capacidad de desaprender aquellos conocimientos que resulten obsoletos.

Creemos que, para ello, debe desarrollarse debidamente la autonomía de los centros educativos, para que así puedan tener proyectos y propuestas educativas diferenciadas, recursos en función de sus programas y necesidades, y poder incluirse nuevos perfiles profesionales en las plantillas de los centros que permitan dar respuesta a los múltiples y diversos servicios requeridos.

Igualmente, los centros deberían poder abrirse a la comunidad con unos planes de comunicación externa e interna para facilitar el conocimiento y la comprensión mutua, y propiciar una mayor interrelación y vertebración con el medio social en el que están insertos (utilización de instalaciones, diversificación de servicios, etc.).

Lógicamente, esta mayor autonomía no puede significar márgenes de arbitrariedad en el cumplimiento de los deberes, desregulación de los mecanismos de compensación de desigualdades sociales y culturales o desconsideración a la garantía de los derechos de los miembros de los diferentes sectores de la comunidad educativa. Por tanto, la autonomía debería acompañarse de control, supervisión y evaluación, tanto técnicos como sociales, para asegurar, simultáneamente, la equidad y la calidad educativas.

Así mismo debe incidirse en la dimensión clave de los recursos humanos y, especialmente, en el papel del profesorado, al cuál debe incrementársele el reconocimiento social y profesional, y en el papel de los equipos directivos, a través de un mayor reconocimiento de su margen de actuación en la organización y gestión de los centros.

El refuerzo de esta profesionalidad deber contemplar una carrera docente que incluya formación, innovación e investigación, como ejes del desarrollo profesional. La actualización en conocimientos curriculares y evaluativos, en competencias comunicativas y de gestión del aula y en actitudes vinculadas a la profesionalidad como trabajo en equipo, servicio a la comunidad, autocrítica profesional, deben ocupar un lugar preeminente en la carrera de cualquier docente, así como, la evaluación relacionada con este desarrollo profesional a través de mecanismos de autoevaluación y heterovaluación.

Paralelamente, debe impulsarse el desarrollo organizativo de los centros a través de sus directivos a los cuales se les debe reconocer la capacidad de obrar para gestionar la institución y la capacidad de influencia en las personas y colectivos que constituyen la comunidad educativa ; para ello es necesario impulsar la profesionalización de los equipos directivos y promover las competencias profesionales y las capacidades personales de los directivos generadoras de compromisos colectivos en proyectos y objetivos institucionales.